Urgió la necesidad de restituir el salario de los trabajadores venezolanos, dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, y de ajustar la retribución monetaria de los pensionados, expreso en el artículo 80
El economista y dirigente político venezolano Andrés Giussepe estima necesario que se lleve a cabo una auditoría del sistema cambiario venezolano, a fin de conocer la situación real de los recursos provenientes de la producción petrolera nacional.
«Hay que hacer una auditoría al Sistema Cambiario Nacional para saber quiénes se están beneficiando de los dólares del petróleo que son de los 29 millones de venezolanos, y que nunca alcanzan para garantizar salarios, ni pensiones dignas, pero sí para aumentar las importaciones que no desarrollan al país, sino más bien a la economía externa y los bolsillos de pocos ricos», reclamó por medio de una nota de prensa.
En este sentido, considera que el país debe instaurar un «fondo soberano», como ocurrió con países petroleros como Noruega, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
«Ese es el modelo que debemos seguir para que todos los venezolanos y venezolanos seamos ricos y no solo un pequeño grupo que reciben los dólares del petróleo de la mano del Banco Central de Venezuela, a cambio de bolívares que ellos mismos devalúan todos los días», sostuvo.
Referendo, salarios y pensiones
Giussepe insistió en la urgencia de restituir el salario de los trabajadores venezolanos, dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Además, recordó la necesidad de ajustar la retribución monetaria de los pensionados, expreso en el artículo 80 de la Carta Magna: «El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana (…) Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello».
A su juicio, el Estado debe promover un Referendo Constitucional «convocado por el Poder Popular organizado» con la finalidad de «instaurar la cadena perpetua para los corruptos (funcionarios públicos, jueces, fiscales y empresariarios), violadores y convocantes a bloqueos y sanciones contra el país (traidores de la patria)».
Esta medida sería aplicada con el objetivo de «exterminar la corrupción de raíz que ya está súper demostrado que es la principal falla estructural de la economía venezolana. El modelo a seguir es Singapur que acabó con la corrupción en poco tiempo».
