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lunes, 28 noviembre, 2022

Luis Crespo: No tiene ninguna justificación económica reducir el gasto público recortando el ingreso de los trabajadores

Texto, fotos y video: Vanessa Davies

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«Existe un plan de ajustes silencioso, que ha tenido manifestación en los últimos dos años y medio en política cambiaria, política monetaria y política fiscal. Busca la reducción de lo público, la reducción del sector público», denuncia el profesor de la UCV. «Hay una concepción reinante ahora, pragmática, de la reducción de lo público, de la reducción del Estado. Pero esa reducción no está discutida con los sectores, no está discutida de cara al país», asegura

Economistas que critiquen por redes sociales la política del gobierno de Nicolás Maduro hay muchos. Economistas que rechacen las políticas económicas del mandatario con protestas en la calle no son muchos. Luis Crespo es uno de ellos. El pasado martes 6 de septiembre, durante otra manifestación contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Crespo enfatizó que el instructivo es una herramienta «que está utilizando el ejecutivo nacional dentro de su plan de ajuste económico en lo que significaría la reducción del gasto público».

Se dirige esa política, aseguró, «a sacrificar las condiciones laborales de los empleados públicos venezolanos».

Crespo sentenció -en conversación con contrapunto.com- que «la soga del ajuste la están apretando en el sector más sacrificado en los últimos años, el sector de los trabajadores, sobre todo por la hiperinflación».

Como economista, recordó que la hiperinflación «destruye todo a su paso: destruye los ingresos, los salarios, los activos financieros de la familia y hasta su estabilidad emocional». Algunos, analizó, «se han podido recuperar luego de transitar ese fenómeno, pero en el caso del sector laboral, no. Estamos muy trastocados. Los salarios están pulverizados, las condiciones de trabajo se han deteriorado».

Por eso, «el recorte del gasto dirigido hacia sector tiene que ser rechazado».

-¿No tiene ninguna justificación económica?

-No tiene ninguna justificación económica. Pudieran revisarse otros gastos de la administración pública, o de la burocracia pública, para hacer ese recorte.

-¿Hacia dónde?

Por ejemplo, ¿por qué no mirar hacia el sector militar? ¿Por qué no mirar hacia la cantidad de instituciones no funcionales en nuestro país, en el tamaño del Estado venezolano? Creo que pudiera dirigirse hacia otras estructuras de la administración pública que son menos eficientes. Además, no es real que no existan los recursos para poder pagar el salario de los trabajadores. Por ejemplo, los ingresos extraordinarios que se han obtenido por concepto de gasolina, impuesto al valor agregado. Digo gasolina cuando la dolarizaron a 0,50. Hay un cálculo que dice que a partir de allí el Estado comenzó a recibir más de 1.400 millones de dólares; más de 300 mil por el impuesto a las grandes transacciones, más de mil millones por el impuesto al valor agregado, que es uno de los más altos de América Latina. La economía subterránea. ¿Cómo ha crecido, hasta una suma de 2,6 millardos de dólares? Si hacemos una suma grosso modo la economía venezolana está recibiendo más de 20 mil millones de dólares más que en los años anteriores. En el año 2022. El incremento de los recursos ha sido significativo. Estamos hablando de que en 2021 rondó en 16.400 millones. Hay recursos públicos para poder responder a la demanda del sector laboral, pero todo esto que se aplica es un plan de ajuste pragmático y silencioso que ha apuntado hacia los trabajadores.

-¿Pero hay que recortar gasto público?

-Ahí tenemos un debate. Con la hiperinflación el gasto público fue pulverizado, fue reducido. Durante 2020-2021 decíamos que el gobierno se olvidó de lo público, el gasto fue mínimo. Sin embargo, observamos un repunte en el gasto, pero que no va dirigido a los trabajadores. Podemos decir que ese mayor gasto que se está realizando debe tomar en cuenta a los trabajadores porque el gobierno está teniendo mayores ingresos.

Insiste: «Hay más recursos en las manos de la administración pública que pudieran destinarse a salud, educación e infraestructura, lo que hemos padecido los venezolanos en los últimos años y que ha deteriorado nuestras condiciones de vida. Poner a pagar la crisis con un ajuste de la nómina pública, y con unos artificios matemáticos que significan reducir el pago de los trabajadores desconociendo las actas convenio y las contrataciones colectivas no es justo y no debemos aceptarlo».

-¿Cuánto debería invertir el Estado en los compromisos con los trabajadores?

-Hay algunas estimaciones. Si se habla de un salario mínimo de 500 dólares, y hablamos 5,7 millones pensionados y jubilados y 3,5 millones de empleados públicos, estamos hablando de 30 mil millones de dólares que no es una cifra fácil de obtener. Estamos seguros de que es necesario que se discutan las contrataciones colectivas que están vencidas, que se discuta sobre la seguridad social de los trabajadores y que se construya el mejor método. Soy de los economistas que cree que el salario mínimo no puede ser impuesto de manera unilateral, sino que las partes se sienten a discutir una metodología que permita la recuperación progresiva del salario.

Diálogo social y mesa tripartita, reiteró. «No pueden ser las empresas de manera unilateral, ni el gobierno de manera unilateral ni los trabajadores de manera aislada. Son las tres partes, en un diálogo social, las que deben discutir la reconstrucción inmediata y progresiva del salario».

-Usted habla de un ajuste que está ocurriendo. ¿Hacia dónde?

-Existe un plan de ajustes silencioso, que ha tenido manifestación en los últimos dos años y medio en política cambiaria, política monetaria y política fiscal. Busca la reducción de lo público, la reducción del sector público. Con base en la ley antibloqueo también se estipula la privatización de algunas empresas básicas. Hay una concepción reinante ahora, pragmática, de la reducción de lo público, de la reducción del Estado. Pero esa reducción no está discutida con los sectores, no está discutida de cara al país. No es un plan de desarrollo que se esté planteando para los próximos años. Lo que estamos observando es una agresividad en contra de los trabajadores y el deterioro de las condiciones de la familia venezolana y de los trabajadores del sector público.

-¿Habría que hacer una reducción de lo público?

-Creo que hay que discutir un modelo de desarrollo. Hacia dónde va el país, cuál es el país al que aspiramos, cuáles son las instituciones que deben prevalecer en ese modelo de desarrollo que consideremos. Pero en el caso que nos compete: Educación es fundamental, investigación para cualquier modelo de sociedad es importante. Vemos cómo estamos recibiendo recortes, asfixia, persecución a las universidades y deterioro de nuestras condiciones como profesores.

-¿En la reducción de lo público el Estado no puede desembarazarse de salud ni educación?

-No debería.

-¿Lo está haciendo?

-Lo está haciendo. Educación básica, educación universitaria están en el abandono, y eso genera una brecha de desigualdad en el país. ¿Quién puede acceder a educación de calidad hoy día en Venezuela? ¿Quién puede acceder a educación? Incluso, ¿quién puede acceder a una vivienda? ¿Quién puede plantearse un proyecto de vida en la Venezuela de hoy? Y a ese modelo nos están condenando. A quitarnos la esperanza.

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