A pesar de que las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) reportaron un crecimiento económico del 8.66% durante el año 2025, la realidad en los hogares venezolanos muestra un panorama distinto. El economista Leonardo Soto advirtió este martes que la economía familiar y del ciudadano de a pie se mantiene en déficit, enfrentando una desconexión entre los indicadores macroeconómicos y el poder adquisitivo real.
Durante su intervención en el programa “Análisis de Entorno”, Soto fue enfático al señalar que la percepción de mejora es nula para la mayoría de la población. «La economía del ciudadano en general no ha mejorado y de hecho en algunas circunstancias inclusive está peor de lo que estuvo en el año 2025; esos cambios lamentablemente el venezolano no los va a ver sino hasta después del primer semestre del año 2026», explicó el especialista.
El inicio del presente año arrastra distorsiones acumuladas desde 2023, caracterizadas por un tipo de cambio volátil y una marcada incertidumbre en las políticas públicas. Uno de los factores críticos identificados por Soto es el manejo de la masa monetaria. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la liquidez monetaria aumentó más de un 170%.
Esta expansión, sumada a una inyección masiva de bolívares durante el último trimestre de 2025, ha generado una presión constante sobre la estabilidad cambiaria, dificultando el control de la inflación y afectando directamente los presupuestos familiares que ya enfrentan exigencias sociales de incrementos salariales por ley.
Para el sector empresarial, el escenario no es más alentador debido a las restricciones financieras y la presión fiscal. Soto destacó que el encaje legal se mantiene por encima del 70%, lo que limita severamente el crédito bancario necesario para la inversión y el consumo.
A esto se suma una de las estructuras impositivas más pesadas de la región. Según el economista, las empresas en Venezuela enfrentan una carga tributaria que ronda el 55%, lo cual impacta directamente en los costos operativos y en los precios finales de los productos.
«Una carga tributaria general que pese sobre la estructura de costo de la empresa de casi un 55%. Se considera una de las cargas tributarias más grandes de América Latina en un país con un poder adquisitivo disminuido», sentenció Soto.
El especialista concluyó que, mientras persistan estas cargas y la restricción del crédito, el crecimiento reportado por el BCV seguirá siendo una cifra estadística sin impacto tangible en la calidad de vida de los venezolanos, al menos hasta que culmine la primera mitad de 2026.
