Un trabajo publicado por RT recopila todo lo que se ha dicho sobre el tema y sus avances
El tema del ‘delivery’ en Venezuela, que ha tenido un importante auge en los últimos dos años, quedó en el centro de la polémica tras las declaraciones del presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios del parlamento venezolano, Willian Gil, quien en marzo pasado dijo a un medio local que el Poder Legislativo estudiaba regularizar el servicio de entregas a domicilio para proteger a las personas que asumen esta labor.
Su intervención generó especulaciones sobre la posible regulación a una opción laboral carente de protección legal, que le ha servido a un sector de la población sortear la crisis económica y la pandemia.
El diputado informó recientemente que lo más novedoso que está haciendo la Asamblea Nacional (AN) para abordar el tema ha sido la creación de una comisión para evaluar las propuestas recibidas para legislar sobre el ‘delivery’; un oficio que en otros países sirve como una entrada complementaria, pero que en Venezuela —con una economía dolarizada de facto— se ha convertido en la principal fuente de ingresos de muchas familias.
Contactado por este medio, Gil explicó: «Sobre el ‘delivery’ dijeron que el Gobierno, que ‘la dictadura’, iba a regular el único trabajo de rebusque de los venezolanos y no es así. El tema es que hemos recibido propuestas de organizaciones sociales, de trabajadores, motorizados, que llegaron a la comisión a entregarnos sus exigencias, sus propuestas de que este llamado ‘delivery’, un modo de trabajo que es viejo, pero que ha surgido con mayor fuerza, sea regulado».
El parlamentario indica que como ese oficio no tiene regularización en Venezuela, los afectados se acercaron al parlamento para pedir protección social y derechos laborales que estén amparados en una ley específica, porque la mayoría de las empresas con las que los motorizados o ciclistas trabajan, lo hacen bajo la figura de la tercerización, que está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo venezolana. Esa normativa considera que la subcontratación sirve como «simulación» para «desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral».
«Los están tercerizando, es decir, no tienen contrato colectivo, no tienen seguridad social, la gran mayoría no cumple con servicios de salud, ni seguro médico. En el caso de que un motorizado sufra un accidente vial o se cae, no hay quien responda, no se le presta toda la indumentaria necesaria para protegerlos, el casco, todos esos requerimientos», aseveró Gil.
Media docena de propuestas
El parlamentario detalló que en la Comisión han recibido al menos seis propuestas desde distintas partes del país. «Nosotros, a solicitud de las propuestas, aproximadamente seis o siete, declaramos que estamos dispuestos a avanzar en la formulación de una ley que regule este tema, estamos recibiendo, escuchando», dijo.
Gil recalcó que hasta la fecha aún no se ha elaborado un texto normativo, sin embargo, reconoció que el tema ya ha sido discutido en la comisión y está siendo evaluado para crear una propuesta formal que pueda ser presentada al pleno del Parlamento.
«Pretendemos hacer reuniones en las próximas semanas con la Comisión de Trabajo Social, porque tiene que ver con el tema laboral, para evaluar una propuesta y presentarla al Parlamento, sobre todo porque se generó mucha polémica», resaltó.
Sostiene que la voluntad de la AN es apoyar la regularización y asegura que una ley ayudaría a crear un mecanismo de protección social y laboral, que evite la explotación de las personas que asumen este trabajo y que en tiempos de pandemia ha sido de gran apoyo para familias y trabajadores. «Queremos apoyar a que se regule. Esperamos debatir y en el tiempo prudencial presentarlo al pueblo», reiteró el parlamentario.
A favor y en contra
Manuel Pinedo, un músico de profesión que en medio de la pandemia recurrió a este oficio, dice desconocer sus derechos como ‘delivery’. Empezó a trabajar con su bicicleta para apoyar emprendimientos de otras personas, porque el restaurante donde laboraba como músico cerró con la llegada del coronavirus.
«Así me he ganado la vida en este último año y no me ha ido mal. Los músicos hemos sido muy afectados por el covid-19 y nos ha tocado reinventarnos. No sé cuáles son mis derechos, pero sí sé que si me llego a caer o me chocan, nadie va a responder por mí, ni siquiera tengo un seguro», contó.
Por su parte, Freddy Pérez, quien trabaja como repartidor de un restaurante de comida japonesa, comenta que la relación de trabajo es por viaje realizado. Por cada entrega, le pagan dos dólares y lo hacen de forma semanal. Su remuneración es pagada en dólares en efectivo o su valor en bolívares, a como esté la tasa de cambio informal, que suele ser la más alta, conocida en Venezuela como ‘dólar paralelo’.
«No estoy de acuerdo con que regulen nada, porque siento que nos quieren quitar lo que estamos trabajando con nuestro sudor. A mí la empresa me paga a tiempo, pero si regulan, capaz entonces me quedo sin trabajo», dijo Freddy, quien teme que una futura ley complique las ofertas de trabajo a los repartidores.
Por su parte, Gregorio Martínez, quien toda su vida ha hecho encomiendas en una institución pública y ahora trabaja para varias empresas a través de aplicaciones digitales, advierte que aunque las entregas a domicilio le han servido para enfrentar la pandemia y la crisis, la informalidad contractual es contraproducente, porque su jornada es de más de 8 horas diarias y no recibe bonificaciones de ley, como vacaciones y utilidades anuales en la época de navidad.
«Aquí lo que hago es a punta de trabajo, nada más. Las horas extras son carreras hechas, no se paga por horas. De vacaciones ni hablar, si las tomo perdería dinero y en diciembre, nada que ver. Lo único que puedo recibir es alguna propina de un cliente, pero es raro».