Según informaron las autoridades nicaragüenses esta será la planta solar más grande de Centroamérica, con capacidad para generar 100 megavatios

El gobierno de Nicaragua anunció la inversión de unos 100 millones de dólares en una planta de energía solar, luego de un fuerte descenso en su facturación petrolera a principios de año.

“Esta planta solar tendrá capacidad para generar 100 megavatios, lo que la convertirá en la más grande de Centroamérica alcanzando un 70% en generación de energía renovable. Y con ella lograremos ahorrar la compra de 140 mil barriles de petróleo”, informó el presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell.

La construcción de la planta, que contará con 170.000 paneles solares, forma parte del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y de Energías Renovables (Pneser), según el funcionario.

Este anuncio se realizó dos días después de haber haberse concretado la construcción de la planta con la empresa EPR Solar de capital israelí, en Managua.

Con la planta solar Nicaragua pretende alcanzar 70% en la generación de energías renovables, y ahorrarse la compra de 140.000 barriles de petróleo, de acuerdo con los planes de Enatrel.

En mayo pasado el Banco Central de Nicaragua, un miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), informó que en los dos primeros meses del presente año pagó 145,6 millones de dólares en concepto de importaciones petroleras, lo que significó un 21,2 % menos que en el mismo periodo de 2018.

El banco emisor también reportó que en 2018 los préstamos petroleros de Venezuela con Nicaragua cayeron en un 73,4 % con respecto a 2017.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica que el año pasado se reflejó en una contracción económica de -3,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2019 podría ser de -1,01 por ciento, según las estimaciones oficiales.

Desde abril de 2018 la crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 200.