El Tribunal de Apelaciones emitirá su dictamen, en una fecha aún por precisar, que servirá para dirimir cuál de las dos juntas del BCV tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra y que presentan 1.300 millones de dólares
La Administración de Nicolás Maduro y la «ad hoc» del líder opositor Juan Guaidó, defendieron este miércoles ante un tribunal londinense que son la legítima autoridad en Venezuela y pueden acceder al oro venezolano depositado en el Reino Unido.
Los abogados de ambas partes expusieron sus argumentos en la segunda de las tres vistas ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, que analiza un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro contra un fallo del 2 de julio, que otorgaba al bando rival el control sobre las reservas.
La sesión de este miércoles ante los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips estuvo dominada por Andrew Fulton, abogado de la junta «ad hoc» nombrada por Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, después de que el martes planteara su posición Nick Vineall, por la junta designada por Maduro, encabezada por Calixto Ortega.
Para poder avanzar en el asunto del acceso a los activos, la Justicia británica debe determinar, con base en la legislación local, cuál de las dos Administraciones reconoce oficialmente el Gobierno del Reino Unido como autoridad legítima en Venezuela.
LÍDER INEQUÍVOCO
Como hiciera en primera instancia, Fulton sostuvo que Londres reconoció «inequívocamente» al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela en una declaración emitida el 4 de febrero de 2019 por el entonces ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.
En su comunicado, Hunt manifestó que el Reino Unido reconocía a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles», tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.
Fulton pidió a la Corte que acepte «sin cuestionarlos» los actos y nombramientos del opositor en Venezuela, incluidos a la junta del BCV, aunque hayan sido anulados, como es el caso, por la Justicia venezolana.
Dijo que la Corte londinense «no tiene jurisdicción» para examinar esas decisiones, pues está sujeta a la doctrina británica que impide cuestionar la legalidad de los actos llevados a cabo por un Estado extranjero dentro de su territorio.
Según Fulton, si los magistrados aceptan que Londres reconoce a Guaidó como jefe de Estado, debe dar por buenas sus instrucciones «al margen de si las instituciones venezolanas siguen o no sus normas» o de si Maduro controla en realidad el país.
El letrado rechazó el argumento del bando rival de que, en su mensaje diplomático, Hunt reconoció a Guaidó solo «de iure» (en derecho), aceptando implícitamente a Maduro como gobernante «de hecho», puesto que se mantienen los lazos diplomáticos.
Consideró «inapropiado» «poner palabras en la boca» del ministro y conminó a la Corte a ceñirse a la doctrina británica de «una sola voz», que obliga a todas las instituciones del Estado a actuar unificadas en política exterior.
PRESUNTO ABUSO DE PROCESO
Fulton también acusó al equipo de la junta de Maduro de «abusar del proceso», al incluir en este recurso pruebas y argumentos no planteados en las audiencias de julio ante el juez Nigel Teare.
Entre otras cosas, el abogado pidió al tribunal que descarte el alegato hecho el martes por Vineall de que el Gobierno británico violó la legislación internacional al emitir una declaración de reconocimiento a Guaidó que contenía elementos «coercitivos» y presuntamente perseguía influir en los asuntos internos de Venezuela.
Tras escuchar a las partes hasta el jueves, el Tribunal de Apelaciones emitirá su dictamen en una fecha aún por precisar, que servirá para dirimir cuál de las dos juntas del BCV tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés), por unos 1.300 millones de dólares.
Esto permitirá avanzar en la demanda presentada por Ortega en mayo contra el banco central británico, al que acusa de infringir el contrato al no cumplir su orden de traspasar 930 millones de euros de las reservas presuntamente a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el COVID-19.
