CIJ considera que la Asamblea Nacional Constituyente fue creada de manera inapropiada, sin atender a la voluntad popular y en violación de la Constitución
La Asamblea Constituyente de Venezuela debe ser disuelta y restaurados los poderes de la Asamblea Nacional original como paso elemental para el retorno a la democracia, dijo este lunes la Comisión Interamericana de Juristas (CIJ), que pidió a la comunidad internacional que se involucre con la creación de una comisión de investigación.
Según la Comisión Interamericana de Juristas, el funcionamiento en paralelo de esas dos entidades legislativas, con la primera que usurpa las funciones de la segunda y actúa como una instancia que está por encima de cualquier ley y control, ha sido un elemento crucial para el deterioro del Estado de Derecho en ese país.
«Nuestra conclusión es que la Asamblea Nacional Constituyente fue creada de manera inapropiada, sin atender a la voluntad popular y en violación de la Constitución, por lo que recomendamos que sea disuelta o que se convoque a un referéndum sobre su existencia», detalló el secretario general de la CIJ, Sam Zarifi.
El jurista presentó a la prensa las conclusiones de un informe elaborado por la CIJ sobre la situación del Estado de Derecho en Venezuela, que ofrece un minucioso análisis de los principales actos de la Asamblea Constituyente venezolana.
El resultado que se muestra es que cada uno de esos actos ha sido ilegal, bien porque usurpa las funciones del Parlamento o porque viola directamente la Constitución vigente.
«No somos políticos, nuestro trabajo es identificar los problemas en el sistema judicial y legal, y entrar en relación con el gobierno y con otros grupos políticos por igual», explicó Zarifi, para aclarar la naturaleza apolítica del informe.
De acuerdo al análisis, el presidente Nicolás Maduro tiene la potestad de disolver la Constituyente, de la misma manera en que la creo hace dos años, por voluntad propia.
Uno de los mayores daños que la Asamblea Constituyente ha hecho al país ha sido la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, luego que denunciara su falta de legitimidad, y el nombramiento de Tarek William Saab, como su sucesor, explicó el autor principal del informe, el jurista colombiano Santiago Martínez.
Acota que Saab es conocido desde hace muchos años por ser un personaje afín al gobierno, con lo que se ha perdido capacidad de que la Fiscalía General investigue las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en los últimos años.
«La situación de la judicatura en Venezuela genera una tremenda preocupación. Se puede decir que ha perdido totalmente su independencia y que el Ejecutivo la ha convertido en un instrumento de acoso judicial», precisó Zarifi.
Por ello, la única garantía de justicia frente a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela se encuentra momentáneamente fuera del país.
«Recomendamos que la comunidad internacional se involucre y que en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en septiembre próximo) se acuerde la creación de una comisión investigadora que ayude a la rendición de cuentas en el país», precisó.
En el mismo encuentro con periodistas, el académico venezolano Rafael Chavero recordó que ANC levantó la inmunidad a parlamentarios opositores, de los cuales 22 se han exiliado o buscado protección en alguna legación diplomática en Caracas, mientras que cuatro están en prisión.
En cambio, esa misma ANC «no ha elaborado ni siquiera el borrador un artículo para una nueva Constitución».
Por su parte, el Poder Legislativo se encuentra totalmente paralizado desde su instalación hace cuatro años, ya que todas las leyes que ha aprobado han sido anuladas sea por la Corte Suprema de Justicia o por la Constituyente.
«En la práctica Venezuela está en una situación similar a la de no tener un Congreso», sostuvo Chavero.
