La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) presentó este miércoles un informe internacional en el que advirtió sobre el posible agravamiento de los riesgos que enfrentan militares venezolanos disidentes en el exilio y pidió a los gobiernos de Colombia, Chile y Estados Unidos que no procedan con devoluciones a Venezuela sin evaluar individualmente cada caso.
El documento, presentado en Miami por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, sostiene que los cambios políticos registrados en Venezuela durante 2026 no implican necesariamente la desaparición de los riesgos de persecución, detención arbitraria o tortura para integrantes y antiguos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana identificados como disidentes.
La organización manifestó especial preocupación por los militares que mantienen solicitudes de protección internacional pendientes de resolución en los tres países.
“Los cambios políticos no significan que haya desaparecido la persecución contra los militares venezolanos disidentes. Su vida, libertad e integridad deben ser protegidas”, señaló VEPPEX.
Piden evaluar individualmente cada solicitud
En el informe, la organización argumentó que persisten estructuras de inteligencia y contrainteligencia militar y señaló que determinadas órdenes de captura, investigaciones o acusaciones podrían continuar vigentes pese a las transformaciones políticas ocurridas en el país.
VEPPEX también mencionó como factores de riesgo las denuncias sobre torturas y malos tratos durante detenciones, la falta de reformas integrales de los organismos de seguridad y la vulnerabilidad particular de militares señalados por deserción o discrepancias políticas.
No obstante, el documento aclara que se trata de un análisis general y que no pretende afirmar que todos los militares venezolanos se encuentren bajo el mismo nivel de riesgo ni solicitar protección automática para todos ellos.
La organización reconoce, además, que durante 2026 se han producido liberaciones de detenidos y cambios en el contexto político venezolano, pero considera que estas circunstancias no deberían utilizarse por sí solas para determinar que un solicitante puede regresar de manera segura al país.
“La seguridad de los militares venezolanos disidentes no puede determinarse exclusivamente a partir de los cambios políticos de 2026”, indica el informe.
Solicitud a Colombia, Chile y Estados Unidos
VEPPEX pidió específicamente a Colombia, Chile y Estados Unidos que examinen los antecedentes particulares de cada solicitante, la posible vigencia de acusaciones en Venezuela, el riesgo de detención y tortura y la capacidad real de las instituciones venezolanas para brindar protección.
La organización invocó como fundamentos internacionales el principio de no devolución, contemplado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.
En el caso de Estados Unidos, pidió que la información actualizada sobre Venezuela sea considerada en procedimientos de asilo, withholding of removal y protección bajo la Convención contra la Tortura, incluyendo casos en los que pueda plantearse una expulsión hacia terceros países.
VEPPEX subrayó que la condición de militar, la deserción o la disidencia no otorgan automáticamente el estatuto de refugiado, pero sostuvo que tampoco deberían utilizarse para descartar una solicitud sin examinar posibles riesgos de persecución política o tortura.
Informe enviado a la CIDH y ACNUR
El documento también fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A la CIDH, VEPPEX solicitó dar seguimiento a los posibles riesgos asociados con la devolución de militares venezolanos disidentes y considerar el asunto dentro de sus mecanismos de monitoreo.
A ACNUR le pidió tomar en consideración los riesgos diferenciados que podrían enfrentar los militares identificados como disidentes y promover el uso de información actualizada sobre las condiciones existentes en Venezuela.
“Los cambios políticos en Venezuela no constituyen, por sí solos, una garantía de seguridad para quienes han sido perseguidos desde las instituciones militares”, concluyó VEPPEX.
