El Gobierno de Italia autorizó este martes reforzar con otros 500 soldados el dispositivo de seguridad pública en Milán (norte) tras los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, según confirmó la primera ministra, Giorgia Meloni, en un vídeo en sus redes sociales.
«A Milán llegan 500 militares más, hasta finales de año junto a la policía y los carabinieri. Y a la justicia de menores le damos más magistrados y más plazas en los centros, para que la certeza de la pena valga también para quien tiene 16 años», anunció la mandataria en el mensaje transmitido tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida.
Los militares permanecerán desplegados hasta el 31 de diciembre y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en el control del territorio y el mantenimiento de la seguridad pública.
Meloni calificó de «inaceptables» las escenas vividas tras una serie de altercados que dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales que solo en la capital lombarda rozan el millón de euros.
Según datos oficiales, las fuerzas del orden detuvieron o identificaron a 330 personas, la mitad de ellas de origen extranjero.
El nuevo contingente reforzará la operación Calles Seguras, una iniciativa implementada en 2008 que mantiene a unos 5.000 efectivos del Ejército desplegados en numerosos ‘puntos calientes’ del país para garantizar el orden público.
La medida, tramitada como decreto-ley, entrará en vigor inmediatamente y dispondrá de un plazo de 60 días para ser ratificada por el Parlamento italiano.
Nuevos delitos y sanciones
El paquete de medidas incluye la creación del delito de participación violenta en una manifestación, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en acciones violentas en grupo.
«Si durante una marcha o una manifestación te unes a un grupo de 5 o más personas, te pones a tirar piedras, petardos, palos, pones en peligro la seguridad de todos, te arriesgas a hasta 5 años de cárcel y hasta 20.000 euros de multa», precisó Meloni.
Además, el decreto introduce el principio de que «quien rompe paga, y si quien rompe es un menor, pagan sus padres», añadió
En el ámbito penal, se tipifica con eficacia inmediata la presunción de imputabilidad para menores de 14 a 18 años y se permite al jefe de policía aplicar apercibimientos orales y veto de reunión en lugares públicos a jóvenes con antecedentes por actos violentos.
El borrador del decreto contemplaba también atribuir excepcionalmente a los militares funciones policiales durante tres meses, lo que les habría permitido efectuar detenciones, pero esta disposición finalmente quedó fuera del texto aprobado.
Menores entre los identificados
Al referirse a las manifestaciones del pasado fin de semana, Meloni señaló que, además de las «franjas antagónicas de siempre», participaron cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad.
«No hay nada de revolucionario en devastar y robar. Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme», afirmó.
La primera ministra añadió que las fuerzas del orden habían detenido o identificado a 330 personas, la mitad de ellas de origen extranjero, incluidas personas nacidas fuera de Italia y otras nacidas en el país en familias extranjeras.
«Espero que los delitos cometidos sean perseguidos con rapidez y que todas las normas a disposición, incluidas las de los recientes decretos de seguridad, se apliquen con rigor», sostuvo.
Meloni destacó que el menor de los identificados tenía 11 años, una circunstancia que, según afirmó, «duele y da miedo, y nos interpela a todos».
La decisión del Gobierno llega en un clima de tensión por las convocatorias de protesta impulsadas para este sábado en Roma, Milán y otras zonas del país por el ‘Movimiento 17 de octubre’, un grupo de protesta juvenil surgido a raíz de los recientes altercados en el centro de Milán que ha anunciado movilizaciones permanentes «hasta la caída del gobierno ladrón». EFE
