La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.
El texto, aprobado por unanimidad, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para «la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas».
También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogos con las autoridades nicaragüenses y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días.
Brasil, que había votado en contra de convocar esta reunión, subrayó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como «una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales».
La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
El organismo decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas «traidores a la patria», en una referencia a la oposición.
Durante el encuentro de este viernes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la «dictadura» de Nicaragua ha vetado a la nueva embajadora estadounidense en el país, Natasha Franceschi, ratificada el pasado miércoles por el Senado.
Por su parte, el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar su embajada en Nicaragua mientras «persistan las condiciones» de deterioro de la democracia.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es «urgente» que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.
Mientras, la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, definió al país como un «estado policial” que utiliza su «arquitectura transnacional» para intimidar y cargar contra sus nacionales en el extranjero.
La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega. EFE
