Diversas organizaciones de la sociedad civil y voceros independientes emitieron una declaración conjunta para manifestar su postura crítica frente a las negociaciones que lleva a cabo la Comisión de Diálogo orientada a favorecer la transición democrática en Venezuela. En el documento, los firmantes señalan que la crisis generalizada que atraviesa el país exige acelerar los plazos planteados por dicha instancia, argumentando que la planificación actual no responde a la gravedad de la realidad nacional.
De acuerdo con el pronunciamiento, el cronograma de la comisión resulta insuficiente frente al escenario humanitario, agravado por los sismos registrados el pasado 24 de junio. Las organizaciones enfatizan que la proyección de nombrar nuevas autoridades electorales hacia el mes de diciembre, sin la publicación previa de un calendario de elecciones claro, genera desconfianza en la opinión pública. Además, advierten sobre la falta de certeza en torno a la convocatoria de comicios presenciales a corto plazo.
Transitoriedad de los poderes públicos
Un punto central fijado por las agrupaciones sociales radica en la naturaleza de los cargos que surjan de este proceso de negociación política. Ante lo que califican como el desmoronamiento del orden constitucional y la pérdida del estado de derecho, sostienen que los nuevos representantes del Poder Electoral y del Poder Judicial deben asumir funciones con carácter estrictamente temporal.
En el manifiesto expresan que los designados «no deberían ajustarse a los lapsos constitucionales, puesto que nos encontramos en una situación de destrucción del estado de derecho, que exige una reinstitucionalización progresiva de todos los poderes públicos». Bajo esta premisa, reiteran que el proceso institucional debe ser liderado por autoridades pro tempore mientras se restablece el marco democrático.
Exigencias de perfil y reclamos de la sociedad civil
Respecto a la selección de las figuras que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, los firmantes instan a la comisión a cumplir rigurosamente con los requisitos legales establecidos. Exigen que los postulados cuenten con «imparcialidad, es decir total independencia en relación con parcialidades político-partidistas», así como una idoneidad ética y competencia técnica comprobada para cada una de las responsabilidades. En el caso del máximo tribunal, subrayan que los perfiles deben ajustarse a las exigencias específicas de sus seis salas.
Finalmente, el documento cierra con la solicitud explícita de «la libertad plena de todos los presos políticos, el reconocimiento de la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024, así como la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y parlamentarias». El texto fue suscrito por organizaciones como Creemos Alianza Ciudadana, el Frente Norte de Caracas, Vanguardia Popular y la Coalición Sindical, junto a firmas de profesionales y activistas de distintas regiones del país.
