El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) solicitó formalmente un espacio de encuentro con las delegaciones del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015, encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, ante el inicio del segundo ciclo de conversaciones del proceso de diálogo político previsto para mediados de septiembre. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización manifestó la necesidad urgente de que las negociaciones ofrezcan respuestas concretas a las víctimas de detenciones arbitrarias y a sus familiares.
El colectivo señaló que durante el primer ciclo de conversaciones, llevado a cabo entre el 1 y el 12 de agosto, se alcanzaron acuerdos referentes a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia de los terremotos del 24 de junio, pero advirtió que la situación de los encarcelados por razones políticas quedó excluida de las discusiones. «La libertad de estas personas es un derecho y no debe convertirse en una concesión ni en una ficha de negociación», enfatizó la agrupación al reclamar que los avances del proceso no se mantengan al margen de las vulneraciones a los derechos humanos.
Actualmente, CLIPPVE mantiene documentados al menos 400 casos de personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales 37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida sin recibirla de manera adecuada. Asimismo, la organización visibilizó las condiciones inhumanas de reclusión denunciadas por familiares en recintos como Yare I, Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I y diversos comandos policiales.
En el texto, la representación de las víctimas se sumó a la petición hecha el pasado 28 de agosto por la ONG Espacio Público sobre la transparencia de las negociaciones, extendiendo el reclamo a un asunto que consideran ausente en los debates. Según explicaron, los constantes anuncios sobre liberaciones efectuados desde el 8 de enero han generado falsas expectativas en las familias, quienes llevan más de 235 días en vigilias e inmediaciones de penales y sedes diplomáticas. Frente al nuevo ciclo de reuniones, advirtieron que «recuperar la confianza requiere compromisos que se cumplan y garantías para que ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos».
