La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instó al gobierno venezolano a reconsiderar su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir que esta medida podría afectar los mecanismos internacionales de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La reacción de la misión ocurre luego de que Caracas notificara formalmente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, e iniciar el proceso de retiro del tribunal con sede en La Haya. El anuncio fue realizado por el canciller venezolano Félix Plasencia, quien aseguró que la salida era una decisión “firme e irrevocable” tomada por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Según la posición oficial del Ejecutivo venezolano, la CPI habría actuado bajo un supuesto “sesgo geográfico” contra países del llamado Sur Global y habría utilizado la justicia internacional con fines políticos. Caracas también acusó al tribunal de aplicar una persecución judicial contra Venezuela.
Sin embargo, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU considera que la permanencia de Venezuela dentro del sistema de justicia penal internacional es fundamental para garantizar que continúen los esfuerzos de investigación y rendición de cuentas por denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los últimos años.
Preocupación por las víctimas
La instancia internacional ha señalado en sus informes anteriores que existen patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha pedido al Estado venezolano adoptar medidas para garantizar justicia, reparación y protección a las víctimas.
Organismos internacionales han recordado que la salida de un país del Estatuto de Roma no elimina automáticamente la jurisdicción de la CPI sobre hechos ocurridos mientras el Estado era miembro del tratado. Además, el proceso de retiro contempla un período de transición antes de hacerse efectivo.
La decisión venezolana se produce en medio de años de tensión entre Caracas y la CPI, luego de que el tribunal iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La Corte abrió formalmente la investigación conocida como “Venezuela I” en 2021, tras evaluar denuncias relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado.
Un nuevo choque entre Caracas y organismos internacionales
La solicitud de la ONU para revertir el retiro añade un nuevo capítulo al enfrentamiento entre el gobierno venezolano y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Mientras Caracas defiende la salida de la CPI como una defensa de la soberanía nacional, organizaciones internacionales sostienen que la cooperación con tribunales externos es una vía para atender casos donde las víctimas no han encontrado respuestas dentro del país.
La Misión de Determinación de los Hechos continuará siguiendo la situación venezolana y evaluando el impacto que pueda tener la decisión de abandonar el Estatuto de Roma sobre los procesos de justicia y protección de derechos humanos.
