Durante el transcurso de 2026, la administración del presidente Donald Trump habría captado una cifra superior a los 13.000 millones de dólares mediante la gestión de las ventas internacionales de crudo venezolano. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado un balance detallado sobre la administración y destino final de dichos fondos, según una investigación publicada por el diario británico Financial Times.
El cálculo del medio especializado se sustentó en los registros de envíos marítimos provistos por la firma Kpler y en los valores de referencia del mercado fijados por la agencia Argus Media. El monto global estimado contempla alrededor de 11.500 millones de dólares en despachos con cotización explícita, a los que se suman estimaciones complementarias sobre cargamentos sin precio de referencia directo.
El control operativo y comercial sobre los hidrocarburos venezolanos por parte de Washington, sumado a la flexibilización parcial de las sanciones económicas, se estableció tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la asunción de Delcy Rodríguez en la jefatura del Gobierno encargado.
Disparidad económica y dudas sobre la transferencia de recursos
Pese a que la entrada de divisas por concepto petrolero equivale aproximadamente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que alimentó expectativas de un repunte productivo tras un prolongado periodo de contracción, especialistas económicos citados por Financial Times advierten que los índices de actividad económica no muestran un dinamismo equivalente a la magnitud de los ingresos generados.
Esta inconsistencia ha suscitado dudas en el ámbito financiero sobre la efectividad y continuidad en la transferencia de los capitales hacia las arcas venezolanas. En ese sentido, el economista Francisco Rodríguez, integrante del Centro de Investigación Económica y Política con sede en Washington, sostuvo que la expansión del PIB venezolano habría mostrado un ritmo significativamente superior si la totalidad de las rentas petroleras hubiesen sido desembolsadas a la nación.
Por su parte, la plataforma de seguimiento financiero habilitada por el Ejecutivo venezolano únicamente refleja, hasta la fecha, el ingreso de un traspaso por 300 millones de dólares efectuado durante el pasado mes de marzo.
Contradicciones de la Casa Blanca y exigencias del Congreso
La postura del Gobierno estadounidense sobre la titularidad y administración de estos recursos ha presentado variaciones desde la emisión de la orden ejecutiva inicial, la cual estipulaba que los fondos pertenecían al Estado venezolano bajo un esquema de custodia temporal:
- Declaraciones del Ejecutivo: Mientras el presidente Trump aseveró públicamente que Washington obtenía retribuciones sustanciales mediante este mecanismo comercial, voceros del Departamento de Estado señalaron que los recursos benefician tanto a la población venezolana como a los intereses estadounidenses.
- Justificación oficial: Voceros de la administración norteamericana indicaron que «miles de millones de dólares» han ingresado al circuito económico local para el pago de nóminas públicas y operatividad industrial, asegurando la presencia de controles financieros.
- Demandas parlamentarias: Congresistas de diversas bancadas han solicitado rendición de cuentas. La representante republicana María Elvira Salazar exigió la publicación de auditorías para garantizar la transparencia, en tanto que el legislador demócrata Joaquín Castro cuestionó la opacidad informativa del Congreso y alertó sobre eventuales riesgos de corrupción.
Presión presupuestaria tras la emergencia sísmica
El debate en torno a la disponibilidad de la caja petrolera cobró mayor relevancia tras el doble evento telúrico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, cuyo impacto económico en infraestructura fue valorado por la Organización de las Naciones Unidas en cerca de 37.000 millones de dólares.
Aunque la Casa Blanca anunció una partida de asistencia humanitaria por 386 millones de dólares para la atención primaria de la catástrofe, funcionarios de ese país manifestaron que existen fondos petroleros disponibles para financiar las labores de reconstrucción, si bien omitieron precisar los montos asignados específicamente para tal fin.
