La familia de la jueza María Lourdes Afiuni solicitó este jueves a las autoridades venezolanas el cierre definitivo de su causa penal, una petición que llega tras 16 años de un proceso judicial, con una condena de cinco años ya vencida, y en medio de la reciente ola de excarcelaciones de presos políticos impulsada por el nuevo contexto del país.
En declaraciones a EFE, Nelson Afiuni indicó que su hermana, detenida en diciembre 2009 tras la supuesta liberación irregular de un empresario, lleva más de una década enfrentando un proceso judicial que actualmente la mantiene con libertad restringida, pese a que ya venció la condena de cinco años que le fue impuesta en 2020 por «corrupción espiritual», una figura no prevista en el Código Penal usada para justificar la acusación contra la exfuncionaria al no comprobarse un beneficio económico.
«Cierren ya el caso, es decir, ya cumplió su condena, cierren el caso porque lleva 16 años, ya pasó una parte de la pena presa, otra la pasó detenida en la casa», señaló.
La familia de la magistrada solicitó este año la amnistía aprobada por el Parlamento para los casos de presos políticos de los últimos 27 años, pero le fue negada. Nelson Afiuni dijo además que presentaron el caso ante el Programa de Convivencia y Paz del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y tampoco fue considerado.
María Lourdes Afiuni es una presa política desde el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), remarcó el hermano, y por ello la familia consideró que la amnistía era aplicable en su caso.
Actualmente, la jueza tiene una libertad condicional «porque no puede salir de la ciudad, no puede hablar a la prensa, no puede hablar en redes sociales, no tiene derecho al voto, no tiene derecho a un pasaporte, está inhabilitada políticamente», agregó su hermano.
Reivindicar
La exjueza fue detenida por la supuesta liberación irregular del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
La magistrada fue acusada después de que Chávez la llamara «bandida» y pidiera para ella la máxima pena de prisión.
La abogada aseguró en un libro sobre su caso haber sido violada en prisión y denunció un deterioro de su salud producto de su tiempo en la cárcel; la Fiscalía la emplazó entonces a presentar la denuncia para comenzar la investigación y ésta se negó a hacerlo.
Estuvo en prisión 14 meses y se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud en 2011.
Su caso pasó por varios jueces y cuando fue condenada en 2020 se ratificaron las medidas cautelares que mantenía desde 2014, cuando le fue dictada la libertad condicional, como son «prohibición de salida del país, no hablar a la prensa, no hablar en las redes sociales y presentación cada 30 días ante tribunales».
Para entonces, su hermano afirmó que el juez no había aclarado por cuánto tiempo estaría con esas medidas.
La familia publicó recientemente una carta dirigida a Estados Unidos explicando la situación de la jueza, dado que «si ellos hablan de que quieren reestructurar» los poderes en Venezuela se tiene que «reivindicar» este caso, señaló Nelson Afiuni.
«Si tú no reivindicas eso, los mismos jueces ahorita y los que vengan no van a tener libertad de acción, porque van a tener el temor de lo que llaman ahora en tribunales el ‘efecto Afiuni’, que es que si tú no haces lo que dice el Ejecutivo entonces vas preso», apuntó.
