Ministerio Público abrió investigación a policías que retuvieron a 33 hombres en un establecimiento LGBTIQ+ en Barquisimeto

Venezuela es un país conservador que carece de leyes destinadas a amparar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, tales como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género

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La fiscalía de Venezuela abrió este domingo una investigación penal a raíz del allanamiento de un establecimiento LGBTIQ+ en Barquisimeto, estado Lara, donde una treintena de hombres fueron retenidos tras ser acusados de «ejercer el delito de la homosexualidad», según denunciaron diversas organizaciones no gubernamentales.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS informaron en un comunicado conjunto sobre «el allanamiento ilegal, los actos de extorsión y detención» ejecutados por policías vestidos de civiles en el citado local de entretenimiento. De acuerdo con el relato de las víctimas recopilado por las oenegés, los funcionarios policiales acusaron a los presentes de cometer un delito basado en su orientación sexual.

Según reportes de la prensa local, al menos 33 hombres permanecieron retenidos durante diez horas en el operativo policial del sábado. Las organizaciones denunciaron que el procedimiento criminaliza y somete a la humillación pública a los afectados, exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos.

Poco después de las denuncias, la fiscalía venezolana informó el inicio de una investigación penal en relación con el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública. Asimismo, el ente estatal comunicó que cinco funcionarios policiales serán presentados ante un tribunal.

Venezuela es un país conservador que carece de leyes destinadas a amparar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, tales como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género. Los defensores de derechos humanos han denunciado de manera continuada la existencia de actos arbitrarios y discriminatorios en contra de este colectivo, incluso por parte de las autoridades.

Un antecedente similar ocurrió en el año 2023, cuando agentes policiales detuvieron en una redada a 33 hombres dentro de un spa privado en Valencia, estado Carabobo. En esa oportunidad, los activistas calificaron la medida como una política de «homofobia de Estado». Posteriormente, a 30 de los detenidos se les concedió libertad condicional, mientras que los tres restantes, incluido el dueño del establecimiento, fueron liberados días más tarde.

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