El Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (INCODIR), órgano rector en la prevención y sanción de la discriminación en Venezuela, emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su rechazo y repudio enérgico ante los hechos ocurridos recientemente en la Puerta del Sol, en Madrid, España. La institución denunció expresiones de odio y racismo dirigidas contra la integridad de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.
Según el documento difundido por el organismo, las declaraciones emitidas por el ciudadano Carlos Baute constituyen una violación grave a la dignidad de la mandataria y, por extensión, «a la mujer venezolana». El INCODIR califica estas acciones bajo tres categorías de delitos:
- Racismo y discriminación racial: Debido al uso de términos deshumanizantes basados en rasgos étnicos y fenotípicos.
- Violencia de género: Por el intento de humillar y descalificar a una mujer en su posición de liderazgo.
- Xenofobia y odio institucional: Al considerar que los ataques vulneran la identidad de la nación y su herencia afrodescendiente e indígena.
El instituto enfatizó que el racismo es una de las formas de violencia más aberrantes, recordándolo como la raíz histórica del genocidio de los pueblos originarios y la trata transatlántica de personas.
La postura del INCODIR se fundamenta en la legislación venezolana, específicamente en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así como en la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Estos instrumentos legales buscan erradicar cualquier manifestación que promueva la segregación o el desprecio por motivos de origen étnico o posición política.
En el contexto internacional, el Estado venezolano ha mantenido una política de denuncia ante lo que considera agresiones sistemáticas contra sus representantes en el exterior, especialmente en territorios donde se han registrado focos de tensión política o manifestaciones de sectores opositores.
En virtud de que los hechos tuvieron lugar en territorio europeo, el INCODIR hizo un llamado internacional a las autoridades del Gobierno de España. La institución solicita que se tomen los correctivos pertinentes y que se procese al responsable conforme a la legislación vigente en materia de delitos de odio.
«La lucha contra el racismo no conoce fronteras y el mundo no puede ser cómplice, mediante el silencio, ante la intolerancia», reza el comunicado en su cierre, exigiendo justicia ante lo que consideran un ataque al honor y a la venezolanidad.
