El Gobierno de España oficializó este martes la aprobación de una regularización extraordinaria que permitirá a cerca de 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular acceder a permisos de residencia y de trabajo. La medida, integrada en una reforma del Reglamento de Extranjería, busca aflorar la economía sumergida y responder al desafío demográfico que enfrenta el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la iniciativa no solo como un imperativo ético, sino como una necesidad económica. A través de una carta a la ciudadanía y en diversas intervenciones, el mandatario subrayó que el país requiere de estos trabajadores para sostener sectores estratégicos y garantizar la viabilidad de los servicios públicos.
«Reconocer la realidad es el primer paso para integrar a quienes ya viven y trabajan en el país, sacándolos de la economía informal y reforzando la cohesión social», afirmó Sánchez, describiendo el decreto como un acto de «normalización».
Según el Ejecutivo, los beneficiarios ya forman parte activa de la sociedad, desempeñándose en áreas críticas como la agricultura, la construcción y los cuidados, pero bajo condiciones de desprotección legal.
Requisitos y plazos del proceso
El proceso de regularización se llevará a cabo bajo estrictos criterios de elegibilidad. Para ser beneficiarios, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes puntos:
- Permanencia: Acreditar su presencia en territorio español antes del 1 de enero de 2026.
- Residencia continua: Contar con al menos cinco meses de estancia ininterrumpida al momento de la solicitud.
- Antecedentes: Carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen.
- Vulnerabilidad: En algunos casos, presentar un certificado de vulnerabilidad validado por entidades sociales o servicios públicos.
Las solicitudes podrán enviarse de forma telemática a partir del 16 de abril y de manera presencial desde el 20 de abril, manteniéndose el plazo abierto hasta el 30 de junio. El Gobierno estima que la resolución de cada expediente tomará aproximadamente dos meses y medio.
A pesar del respaldo de organizaciones como Cáritas, que señalan que la irregularidad condena a las personas a una «vulnerabilidad extrema», la medida ha encontrado una férrea oposición política y social.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tildó la regularización de «injusta e insegura», argumentando que podría generar un «efecto llamada» que beneficie a las mafias del tráfico de personas. Por su parte, Vox anunció que llevará el decreto ante el Tribunal Supremo, calificando el plan como una «invasión migratoria financiada por el Estado».
En el plano administrativo, el despliegue logístico, que involucra a oficinas de la Seguridad Social y Correos, ha provocado tensiones. Sindicatos policiales y funcionarios de las oficinas de Extranjería han convocado jornadas de huelga, denunciando que han sido excluidos de la gestión directa del proceso a pesar de la carga de trabajo que este conlleva.
Esta no es la primera vez que España recurre a una medida de esta magnitud. Desde la década de los 80, se han realizado procesos similares bajo gobiernos de distinto signo político: el PP impulsó regularizaciones en 2000 y 2001, mientras que el PSOE lo hizo en 1986, 1991, 1996 y la más reciente en 2005, que benefició a más de medio millón de personas. Con esta nueva acción, España se suma a tendencias recientes de países vecinos como Italia y Portugal, que implementaron medidas similares entre 2020 y 2021.
