El Vaticano abrió un nuevo plazo para recibir denuncias de presuntos abusos cometidos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, de otras sociedades y asociaciones fundadas por el laico peruano Luis Fernando Figari, en proceso de liquidación por orden del papa Francisco y ahora de su sucesor, León XIV, tras haberse determinado que existieron abusos físicos, psicológicos y sexuales.
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) hizo público el miércoles un comunicado del sacerdote español Jordi Bertomeu, comisario apostólico a cargo del proceso de liquidación de estas sociedades religiosas, para atender a personas que se consideren víctimas aún no resarcidas por abusos físicos, sexuales y espirituales, cometidos dentro de esos entornos creados por Figari.
Así, la Nunciatura Apostólica en Perú habilitará un «canal de primera escucha» en su sede de Lima, del 4 al 22 de mayo, en el marco de una nueva misión especial de carácter diplomático liderada por Bertomeu para entrevistarse de manera personal con los nuevos denunciantes.
Este canal recibirá denuncias de «víctimas no debidamente resarcidas de abusos físicos y/o sexuales, y de abusos espirituales, mediante la instrumentalización, en el fuero externo, de la información obtenida en el ámbito de la dirección espiritual».
También atenderá a víctimas de «abusos de conciencia, a través de prácticas de carácter sectario orientadas a quebrantar la voluntad de los subordinados; y abusos de cargo y de autoridad, incluyendo conductas de acoso en el entorno laboral, encubrimiento de ilícitos institucionales y acceso indebido a comunicaciones».
Asimismo, «abusos o malos manejos de naturaleza económica u otros atribuidos a algunos miembros».
Entre estos últimos están un grupo de campesinos de Catacaos, población de la norteña región peruana de Piura, que denuncian haber sido despojados de 10.000 hectáreas por parte de empresas vinculadas al Sodalicio de la mano de José Antonio Eguren, arzobispo de Piura hasta 2024.
El comisario apostólico también recibirá denuncias por correo eléctrico, donde se debe detallar lo más posible la denuncia y los posibles testigos o pruebas que puedan acreditarla y la indemnización que considera justa para compensar el daño causado.
Con el objetivo de garantizar las indemnizaciones para estas nuevas víctimas, la Santa Sede ha recibido el inventario de los bienes del Sodalicio para definir su valor y eventual venta.
Los abusos en el Sodalicio fueron destapados por primera vez en 2015 por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, en el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, donde revelaron los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente al interior del Sodalicio, fundado en 1971 por Figari.
Tras investigar los casos, el papa Francisco expulsó a Figari y a al menos una quincena más de miembros del Sodalicio por abusos sexuales, algunos contra menores, y en enero de 2025 ordenó eliminar el Sodalicio.
El Sodalicio reportaba hasta abril de 2025 haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de ellos 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.
El papa León XIV, que además de estadounidense tiene nacionalidad peruana tras haberse desempeñado como obispo de Chiclayo, donde se le considera como el papa peruano.
