Copei reafirma la defensa de la soberanía energética frente a propuestas de privatización de la industria de hidrocarburos

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El Partido Demócrata Cristiano COPEI, fiel a su compromiso histórico con el bien común y el patrimonio de todos los venezolanos, fija posición institucional ante los recientes planteamientos públicos que sugieren la privatización total de la industria de hidrocarburos.

Nuestra organización, basada en la Doctrina Social de la Iglesia y el Humanismo Cristiano, manifiesta lo siguiente:

  1. RECHAZO ABSOLUTO A LA PRIVATIZACIÓN: COPEI rechaza categóricamente cualquier proyecto que contemple la venta o entrega total delos activos estratégicos de nuestra industria de hidrocarburos. Consideramos que esta ruta contradice los principios de justicia social y el destino universal de los bienes.
  2. RIESGO A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA: La entrega de la industria al capital privado absoluto pone en grave riesgo la Seguridad Energética de la Nación. El Estado debe mantener la conducción estratégica de sus recursos naturales para garantizar que la renta petrolera sea el motor dela reconstrucción social, la educación y la salud de las familias venezolanas.
  3. SOBERANÍA E INTERÉS NACIONAL: Los hidrocarburos son propiedad inalienable de la República. Si bien el país requiere inversiones mixtas y una gestión eficiente y transparente para recuperar la producción, esto no debe significar el desmantelamiento del patrimonio público que pertenece a las generaciones presentes y futuras. Pretender privatizar la industria nacional de hidrocarburos viola los artículos 12 y 302 de la CRBV.
  4. UN ASALTO AL BIENESTAR Y FUTURO DE LA FAMILIA VENEZOLANA: Advertimos con preocupación que, detrás del discurso privatizador, se esconde un plan que atenta directamente contra el bolsillo de los más vulnerables. Regalar nuestro petróleo a intereses foráneos y reducir las regalías al mínimo no es «eficiencia», es una medida contraria al bien común que busca desmantelar la red de protección social.

Privatizar de forma indiscriminada es condenar al abandono a nuestros adultos mayores, cuyas pensiones dependen de la renta nacional, y asfixiar el presupuesto de salud y educación pública. ¿Cómo puede un joven universitario o una madre de familia confiar en quienes pretenden entregar la riqueza de todos a manos de unos pocos? Privatizar, en estas condiciones, es sinónimo de desprotección total.

  1. LA INCOHERENCIA DE QUIENES PROMOVIERON EL SUFRIMIENTO: Resulta éticamente inaceptable que pretendan hablar de soberanía quienes, en un pasado reciente, recorrieron el mundo solicitando medidas coercitivas unilaterales. Aquellos que pidieron el bloqueo que asfixió la economía familiar, destruyó el poder adquisitivo y cerró las puertas a los insumos médicos de nuestros ancianos, no tienen hoy autoridad moral para proponer el remate del patrimonio nacional.

Resulta éticamente cuestionable que quienes promovieron el aislamiento y el sufrimiento del pueblo, pretendan hoy presentar la entrega de nuestros activos como una solución. El interés superior de la República se manifiesta en el resguardo de lo que nos pertenece a todos; por ello, bajo los principios del humanismo cristiano, sostenemos que los recursos estratégicos deben servir al bienestar de cada familia venezolana y no al lucro de intereses particulares. No hay coherencia en remediar una crisis entregando el patrimonio que debe garantizar la justicia social de las próximas generaciones.

LLAMADO AL DEBATE DE ALTURA: Venezuela necesita soluciones que generen confianza económica sin sacrificar la soberanía. Instamos a los distintos sectores políticos a presentar propuestas que fortalezcan nuestra institucionalidad energética bajo criterios de eficiencia, pero siempre subordinados al interés nacional y al bienestar del pueblo. Desde la Democracia Cristiana, seguiremos defendiendo un modelo de desarrollo que combine la libertad económica con el firme resguardo de los recursos estratégicos de todos los venezolanos.

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