Sergio Roldán Mesa Palma, activista de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FENALJUPV), denunció este jueves las irregularidades en la administración de los fondos recaudados a través de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista, publicada en la Gaceta Oficial N° 4952 el pasado 16 de mayo de 2024.
De acuerdo con Roldán, el decreto establece que las personas jurídicas deben cotizar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el 9% de su nómina de trabajadores. El activista señaló que esta medida contraviene la lógica de la seguridad social, la cual debería ser gestionada por entes específicos como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y no por el fisco nacional.
«Ese 9% de esa nómina de trabajadores y trabajadoras de todas las empresas del país se cotizó al SENIAT sin que el SENIAT hasta ahora haya dicho una sola palabra qué ha pasado con ese dinero», afirmó Roldán.
Asimismo, subrayó que, a pesar de que el propósito fundamental de la ley era ajustar las pensiones, los beneficiarios no han percibido ninguna mejora económica: «Es fecha de hoy que todavía de eso no se sabe nada y sin embargo los empresarios siguen cotizando».
El representante de FENALJUPV presentó una serie de cifras que ilustran el tiempo que el sector ha permanecido sin respuestas institucionales. Según los datos ofrecidos:
- 1,412 días sin aumento salarial en el país.
- 1,364 días esperando el bono de 10,000 bolívares anunciado anteriormente para jubilados.
- 1,123 días de movilizaciones en la calle exigiendo derechos laborales.
- 619 días esperando el pago correspondiente al 9% de la nueva ley.
Roldán enfatizó el impacto negativo del instructivo ONAPRE y el memorándum 2792, asegurando que estos instrumentos eliminaron beneficios históricos como las escalas salariales y las primas por profesionalización. «Los que tenían título de magíster o doctor tenían una prima del 50% y se la quitaron», citó como ejemplo del deterioro que afecta a cerca de 6 millones de pensionados y 4 millones de trabajadores públicos.
Ante la situación que calificó como «casi de indigencia», Roldán aclaró que la Federación no se limita a la protesta, sino que han desarrollado una alternativa técnica. «La Federación diseñó un modelo de un sistema de pensiones para Venezuela con todas las características de la economía nacional para que cumpla con la función que debe cumplir: que las pensiones sean suficientes, que sean equitativas y que sean sostenibles en el tiempo», explicó.
Este modelo, elaborado por técnicos de la organización, «ya ha sido distribuido a diversas instituciones para su evaluación», y los activistas esperan «una respuesta oficial que permita reformar el sistema actual» por uno que «garantice una retribución acorde a las contribuciones de cada trabajador».
