Este martes, un grupo de familiares de detenidos por razones políticas, encabezados por el activista y familiar Diego Casanova, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para consignar un documento y exigir una audiencia con el fiscageneral, Tarek William Saab. La denuncia central de la jornada se enfocó en la situación de al menos 200 personas que se encuentran en condiciones de desaparición forzada, según los registros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Casanova calificó la situación como «alarmante», señalando que, a pesar de los anuncios de excarcelaciones realizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace 13 días, el proceso no se ha cumplido de manera efectiva para la totalidad de los casos.
De acuerdo con el testimonio de los activistas, los funcionarios policiales en diversos centros de detención continúan negando la presencia de los recluidos a sus seres queridos. Casanova citó como ejemplo la situación en Zona 7, donde familiares aseguran que se les niega la información sobre los detenidos pese a evidencias de su permanencia en el lugar.
«Estamos hablando de personas que han sido llevadas de sus casas o detenidas en la calle y los funcionarios han negado a sus familiares en qué condiciones los tienen. Según el derecho internacional, esto constituye desaparición forzada», afirmó Casanova ante los medios.
El activista recordó el fallecimiento de un funcionario policial bajo custodia del Estado hace 15 días, cuya presencia en el centro de reclusión había sido negada previamente por las autoridades. Además, denunció que en la Zona 7 (Centro de Control y Resguardo del Detenido) los familiares que pernotan en las afueras del recinto carcelario han sido maltratadas.
«La opacidad sigue siendo la norma en este centro de reclusión en particular. Incluso vimos el fin de ese semana como los funcionarios arremetieron contra los los familiares que estaban allí de manera pacífica, pusieron un contingente de de efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, un piquete policial allí con antimotoín, como que si los familiares estuvieran haciendo una acción violenta», aseveró Casanova.
Exigencia de cumplimiento constitucional
«Son más de 1.000 personas que están todavía presas en Venezuela por motivos políticos y por todas ellas vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir denunciando las arbitrariedades. No nos vamos a callar, no vamos a dejar que el Estado y los organismos policiales sigan amedrentando a los familiares. Ellos (el Estado) quieren callemos todos los abusos que se siguen cometiendo en este país», expresó el activista.
Diego Casanova enfatizó que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad prohibido por la Constitución de la República. El llamado del comité fue directo hacia el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la coordinación de tribunales del Área Metropolitana de Caracas para que se aboquen a resolver estas arbitrariedades.
«Hacer las cosas bien significa cumplir con la Constitución, dar fe de vida a las familias y detener las desapariciones forzadas en el país», sentenció el activista. Tras la entrega del documento, los familiares ofrecieron testimonios directos sobre «el impacto emocional y físico que ha generado la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos en los últimos meses».
