El partido opositor Voluntad Popular (VP) pidió este jueves la liberación de uno de sus líderes políticos, Freddy Superlano, detenido hace 15 meses y quien, según la formación, permanece aislado desde entonces.
«Freddy Superlano lleva 15 meses preso, aislado, sin derecho a visitas ni defensa, simplemente por defender la voluntad del pueblo venezolano», aseguró VP en su cuenta de X.
A pesar de esto, la formación afirmó que el Gobierno «sigue sin poder borrar lo que Freddy representa: la esperanza de cambio» y destacó que «su voz sigue presente en cada lucha».
«Desde Voluntad Popular alzamos la voz una vez más: Freddy no está solo. No nos vamos a acostumbrar a su ausencia y no dejaremos de exigir justicia. Libertad plena para Freddy Superlano», expresó VP.
El exdiputado fue detenido el 30 de julio de 2024 por «funcionarios encapuchados», según denunció entonces el partido Vente Venezuela, encabezado por la líder opositora María Corina Machado.
En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto a los antichavistas Perkins Rocha y Biagio Pilieri -también detenidos-, con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en las presidenciales y que señala como pruebas del reclamado triunfo de su candidato en estos comicios, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.
Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) entre 2016 y 2021 tras ganar las elecciones legislativas de 2015.
Además, el opositor fue candidato a los comicios regionales de 2021 por el estado Barinas -cuna del fallecido presidente Hugo Chávez- y triunfó por un estrecho margen, un resultado que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de que el antichavista estaba inhabilitado para participar.
La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.
Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
