El Dr. Pedro Javier Fernández, académico y conferencista, fue imputado por los delitos de instigación al odio y terrorismo, según información confirmada tras su presentación ante autoridades judiciales. Aunque no se ha precisado su destino, se presume que podría ser trasladado a Caracas en las próximas horas.
La imputación se enmarca en el uso de la Ley contra el Odio, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, la cual ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Según la ONG Espacio Público, esta legislación ha sido utilizada para criminalizar la disidencia, y desde su promulgación se han registrado múltiples detenciones de ciudadanos por expresar opiniones críticas en redes sociales, medios o espacios públicos.
El caso de Fernández se suma a una serie de procedimientos similares en Venezuela, donde activistas, periodistas, docentes y creadores de contenido han sido acusados de instigación al odio por publicaciones o declaraciones que el Estado considera ofensivas o peligrosas. En muchos de estos casos, los imputados han sido trasladados a centros de detención de alta seguridad, sin que se les garantice el debido proceso.
Durante una rueda de prensa reciente, el portavoz del Foro Penal advirtió que las imputaciones por terrorismo e incitación al odio suelen estar acompañadas de medidas cautelares severas, como privación de libertad preventiva, aislamiento y restricciones al acceso legal. La organización ha documentado que estas acusaciones pueden derivar en penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de la interpretación judicial.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Ministerio Público ni del Tribunal que lleva el caso. Tampoco se ha informado si Fernández cuenta con representación legal o si se le ha permitido comunicarse con sus familiares.
Algunos defensores de derechos humanos aseguran que el contexto político actual en Venezuela está marcado por una ola de detenciones tras las protestas ocurridas en agosto y septiembre de 2025, en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales. Diversos sectores han denunciado que el gobierno ha intensificado el uso de figuras penales como terrorismo, conspiración e instigación al odio para reprimir manifestaciones y discursos críticos.
