El representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alexander Yánez, rechazó categóricamente el nuevo informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos sobre la situación del país, calificándolo como parte de una “agresión híbrida” promovida por intereses internacionales que, según afirmó, buscan propiciar un cambio de régimen en Venezuela.
Durante su intervención en la sede del organismo en Ginebra, Yánez respondió al documento elaborado por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el cual cuestiona la actuación de las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El informe también denuncia la falta de información por parte del Ministerio Público sobre las investigaciones de muertes ocurridas en ese contexto electoral.
Yánez criticó lo que considera una postura parcial del Consejo, señalando que “envía mensajes contradictorios” al pronunciarse sobre ciertos países mientras guarda silencio ante conflictos como el de Gaza. “¿Qué ha dicho este Consejo ante la barbárica violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos? Poco o nada”, expresó.
El diplomático calificó de “írrita” la creación de la Misión de Determinación de los Hechos, asegurando que su existencia responde a intereses políticos y no a la defensa genuina de los derechos humanos. “Su novelero desempeño la desacredita por sí misma”, afirmó, en referencia al enfoque del informe y a lo que considera una narrativa sesgada.
Yánez reiteró que Venezuela defiende los derechos humanos conforme a su Constitución y leyes nacionales, y que no validará lo que llamó una “parodia” impulsada desde el exterior. En su discurso, también advirtió que el país está dispuesto a defender su soberanía y recursos naturales ante cualquier intento de agresión injustificada. “No deseamos el conflicto, no lo propiciamos, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con la dignidad de un pueblo libertador de América”, concluyó.
La intervención de Yánez se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Venezuela y varios países occidentales, que han cuestionado la transparencia de las elecciones de 2024 y denunciado presuntas violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno venezolano sostiene que estas acusaciones forman parte de una estrategia internacional para desestabilizar al país.