«Los crímenes de lesa humanidad no son hechos del pasado, se continúan cometiendo en Venezuela»; así lo indicó el abogado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Marino Alvarado tras la reciente actualización del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado este viernes #19Sep.
Desde la sede de la embajada de Italia ante Caracas, Alvarado indicó que este informe los «crímenes de lesa humanidad» que la administración de Maduro comete contra las personas contrarias a su gobierno, acciones intensificadas, siempre de acuerdo con el informe, tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
Otro de los puntos señalados por la organización es sobre el cierre del espacio cívico a organizaciones de sociedad civil, algo que, añadió Alvarado, se incluye el hostigamiento y el «secuestro» que sufren los familiares de los presos políticos que alzan la voz para exigir condiciones dignas de reclusión y la libertad de sus seres queridos.
«La misión ratifica que en Venezuela se mantiene una política de detención arbitraria, de practica de malos tratos, tratos crueles e inhumanos contra detenidos (…) Llama la atención sobre esta política que cada vez se afianza más en el país de la detención de familiares. Cuando van a buscar a una persona, no la consiguen y terminan llevándose a otros familiares (…) He venido diciendo que este es un gobierno que, además de represor, es malvado porque eso es maldad. Eso trasciende incluso el elemento represivo», dijo.
A su juicio, estas acciones de los funcionarios policiales en contra de la sociedad civil busca generar un daño psicológico en el círculo familiar de la persona detenida. «Hay más casos de detenciones de familiares que organizaciones de Derechos Humanos hemos podido documentar, pero que los familiares mismos han pedido que no se hagan públicas», añadió.
Sobre la reiteración de su competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela y su solicitud de la anuencia para una visita in loco en el país, Alvarado señaló que el Gobierno está negado a la observación internacional por la crisis de derechos humanos que, sostiene, se vive en la nación.
A su vez, lamentó que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU fuera expulsada de Venezuela puesto que era una de las «pocas ventanas» que existía para visibilizar la situación de derechos humanos en el país.
