El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este lunes organizar jornadas de trabajo para verificar la detención preventiva de todos los procesos abiertos en todos los juzgados y tribunales del país, después de que varios presos exigieran un «trato igual» al de tres políticos acusados por la crisis de 2019 cuyos casos serán revisados.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó por escrito a las autoridades de todos los tribunales departamentales de justicia del Estado boliviano que «de manera inmediata» procedan «a la organización de jornadas de verificación del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado o tribunal de cada distrito».
El Supremo emitió esa disposición después de que cientos de presos protestaran en esta jornada en varias cárceles del país para exigir «un trato igualitario» y que se revisen sus detenciones preventivas, así como se ordenó verificar todos los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), el gobernador opositor y suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder ciudadano de Potosí Marco Pumari.
El TSJ ordenó que las jornadas se realicen en todas las cárceles del país y que se coordine con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y direcciones departamentales de Régimen Penitenciario «para el éxito de lo encomendado».
El instructivo manda, además, que en caso de haberse dispuesto la detención preventiva en una cárcel distinta al lugar donde radica el proceso, «se deberá ordenar el traslado correspondiente del detenido o en su defecto y de manera excepcional el uso de medios virtuales tecnológicos».
«Que ellos salgan libres, pero también que salgan libres todos los presos que están más de tres años (con detención preventiva), hemos pedido una reunión con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz», dijo un dirigente de los presos del penal de Palmasola.
En La Paz, los privados de libertad de la cárcel de San Pedro salieron hasta el patio principal, prendieron fuego a algunos objetos y con carteles en las manos exigieron que el TSJ disponga la revisión de sus detenciones.
«Justicia para todos» y «queremos un trato igualitario», se leía en algunas pancartas que mostraban los presos en la cárcel de San Pedro.
El TSJ instruyó el viernes verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez, Camacho y Pumari, principales acusados por la crisis de 2019 en el país.
El Supremo señaló que para cumplir lo dispuesto, «a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, realicen inclusive de oficio la verificación» de lo dispuesto y procedan a «resolver lo que en derecho corresponda».
Al respecto, el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos, señaló que el Gobierno respeta «la independencia de órganos y la no injerencia de las decisiones del uno sobre el otro».
Ríos valoró que el TSJ instruya la revisión de las detenciones preventivas y el «uso desmedido» de esa medida cautelar, aunque también abogó porque se proceda de la misma forma con otras personas en la misma situación, pues en las cárceles de Bolivia entre el 65 y 70 % de los reos no tiene sentencia en firme.
Información de EFE
