El Gobierno español declaró «ilegítima y nula» la condena a muerte dictada en 1975 contra Xosé Humberto Baena Alonso, considerado el último fusilado del régimen franquista, que fue ejecutado menos de dos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco.
El 27 de septiembre de 1975, la dictadura española de Franco (1939-1975) ejecutó sus últimas cinco sentencias de muerte contra dos miembros del grupo ETA y tres de la organización comunista y antifranquista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), acusados de terrorismo.
Ahora, cuando se van a cumplir casi 50 años de este crimen, el Gobierno español declaró nula la condena de Baena, como establece la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal firmada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, enviada a la familia del militante gallego y a la que tuvo acceso EFE.
Sobre las 9:30 de aquel 27 de septiembre fueron fusilados, en un campo de maniobras militares cercano a Madrid, tres militantes del FRAP: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso, a quien se atribuye haber sido el último de los cinco en ser fusilado ese día.
Baena había sido acusado de ser el autor material del atentado mortal contra un policía en Madrid, el 14 de julio de 1975, pero el tribunal militar que lo juzgó en consejo de guerra no admitió ni pruebas ni testigos y se limitó a dictar sentencia a partir de las declaraciones autoinculpatorias de los acusados, arrancadas bajo tortura por la policía franquista.
En la declaración remitida por el Gobierno de España a la familia se hace constar que, tras estudiar el caso, «ha quedado acreditado» que Baena, nacido en Vigo (noroeste de España) y ejecutado antes de cumplir los 25 años, «padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista».
El escrito oficial del Gobierno certifica que Baena «tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva».
Asimismo, se declara «ilegítima y nula la condena, sanción o resolución dictada» contra Baena, «tanto judicial como administrativa, producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o durante la dictadura posterior».
