En el marco de una vigilia realizada en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia, Martha Lía Grajales, vocera del Comité de Madre en Defensa de la Verdad, anunció la existencia de un proyecto de Ley de Amnistía ya redactado, el cual será divulgado públicamente en los próximos días. La actividad, que congregó a familiares de detenidos poselectorales y activistas por los derechos humanos, tuvo como objetivo exigir celeridad en los procesos judiciales y respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.
Grajales explicó que, aunque algunos jóvenes han logrado salir en libertad, lo hacen bajo régimen de presentación, lo que implica que el proceso penal sigue abierto. “Tienen que presentarse periódicamente ante tribunales, muchas veces viajando desde sus estados de origen. El juicio sigue abierto”, señaló. En ese contexto, la propuesta de ley busca extinguir la acción penal y eliminar cualquier antecedente judicial que pueda afectar a los liberados y sus familias.
“La amnistía es una figura jurídica que permite cerrar definitivamente esos procesos, como si nunca hubiesen existido. Eso garantiza que no puedan ser juzgados nuevamente por los mismos hechos, ni estén obligados a presentarse ante tribunales”, explicó Grajales, subrayando que el proyecto ha sido enviado en múltiples ocasiones por el comité, y que actualmente cuentan con copias impresas para su revisión pública.
Convocatoria abierta
Como parte de la estrategia de divulgación, se anunció la realización de un taller, dirigido por Marino Alvarado, miembro de la organización Provea. El encuentro, que podrá ser presencial o virtual, tiene como propósito aclarar dudas sobre el alcance de la amnistía, los delitos que puede cubrir, el procedimiento legislativo requerido y su relevancia para los familiares de presos políticos poselectorales.
El lanzamiento oficial del proyecto está previsto para el miércoles 13 de agosto a las 10:30 a.m., en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ubicada cerca del estadio de béisbol universitario. “Ese día queremos decirle al país que es necesario construir caminos de reconciliación y entendimiento, donde todas y todos podamos vivir juntos en armonía, respetando nuestras diferencias políticas”, expresó Grajales.
Un proyecto que llama a la reconciliación
El documento consta de una exposición de motivos que justifica la necesidad de la ley, destacando la situación de los presos poselectorales como prioridad. En su articulado, «se establece la extinción de procesos penales, la eliminación de antecedentes judiciales y la posibilidad de retorno para quienes se encuentran en el exilio. No obstante, se excluyen de la amnistía los casos relacionados con violaciones graves de derechos humanos y homicidios».
Además, se propone la creación de un mecanismo de verificación que incluya al Comité de Madres, organizaciones de derechos humanos, embajadas de países aliados como Colombia y Brasil, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Nos comprometemos a que esto no vuelva a ocurrir. Que el Estado no reprima por pensar distinto y que quienes hacen política renuncien a la violencia”, afirmó Grajales.
Por su parte, Marino Alvarado destacó que más de 10.000 personas se encuentran bajo régimen de presentación por razones políticas, y que la ley también busca garantizar su libertad plena. “Pensar distinto no debe significar riesgo. Necesitamos condiciones para ejercer derechos sin miedo”, dijo.
Diputados en funciones y electos apoyan el proyecto
Consultado sobre cómo se llevaría la propuesta a la Asamblea Nacional, Alvarado indicó que ya existen legisladores electos y en funciones que han manifestado su disposición a apoyar la iniciativa. Asimismo, otra medida que no descartan, es la recolección de firmas para presentarla como propuesta legislativa ciudadana, conforme al artículo constitucional que exige el respaldo del 0.1% del censo electoral, equivalente, según los activistas, a unas 22.000 firmas.
La jornada concluyó con una invitación abierta a participar en el taller informativo y en el acto de lanzamiento del proyecto. “La movilización, la organización y la unión son nuestras herramientas para avanzar. Esta ley es un paso hacia una Venezuela donde el disenso no sea castigado, sino respetado”.
