La ONG venezolana Alimenta la Solidaridad anunció este jueves una «pausa» en sus operaciones para «proteger la seguridad» de su equipo, ya que, dijo, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de estas organizaciones, impone condiciones y «riesgos» que hacen «inviable» su labor.
«En su forma actual, esta norma restringe el derecho a la libre asociación y criminaliza el trabajo humanitario y comunitario, afectando directamente nuestro modelo de impacto», señaló la organización en un comunicado publicado en la red social X.
La ONG, fundada hace nueve años en el país, indicó que esta decisión afecta directamente a más de 12.000 niños y niñas de las zonas más vulnerables de Venezuela, que recibían alimentos diariamente en sus comedores.
«En un contexto de creciente represión contra la sociedad civil, que ya ha alcanzando a miembros de Alimenta la Solidaridad, continuar operando sin garantías mínimas de seguridad sería irresponsable», añadió.
Igualmente, sostuvo que la «persecución» pone en riesgo a las familias que «han abierto sus hogares para alimentar y educar a los niños más vulnerables».
«A lo largo de estos años, hemos servido más de 24 millones de platos de comida en 15 estados del país. En este camino, hemos empoderado a mujeres y madres dentro de las comunidades para liderar iniciativas que garanticen un espacio seguro, donde miles de niños reciben alimentos diariamente, sin ningún tipo de distinción ni condicionamientos», explicó.
Alimenta la Solidaridad dijo que su compromiso en Venezuela «permanece firme» y que está trabajando en «nuevas formas» que permitan seguir acompañando «de forma segura, a quienes más lo necesitan».
La organización agradeció a todos los líderes comunitarios, voluntarios, donantes y aliados por «convertir cada comedor en un espacio donde un plato de comida representa crecimiento, educación, dignidad y esperanza para la próxima generación de venezolanos».
El 15 de agosto del año pasado, el Parlamento aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo a la ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
Las ONG deberán, por ley, notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
Corresponde al Ejecutivo el «seguimiento y control del cumplimiento» de los «deberes y prohibiciones» establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
Con información de EFE
