La ONG Provea advirtió este miércoles que el activista Eduardo Torres, cuya detención fue confirmada por la Fiscalía venezolana después de tres días «sin información sobre su paradero», además «se encuentra en desaparición forzada», y denunció que familiares y defensores del también integrante de esa organización desconocen su paradero y estado de salud.
«Aunque se haya reconocido la detención, reafirmamos que Torres se encuentra en desaparición forzada, toda vez que sus familiares y abogados de confianza no han podido constatar su paradero y condiciones de salud conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Constitución», manifestó la ONG.
Según Provea, la omisión de información «constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada».
«La situación de desaparición forzada en la que se encuentra Eduardo Torres constituye un riesgo para su integridad física y mental», subrayó la organización, que reafirmó su labor a exigir derechos y, en particular, los de su «compañero de labores».
La ONG reclamó que la Fiscalía no haya aclarado «la fecha, hora, lugar ni cuerpo de seguridad que ejecutó la detención», e indicó que tampoco se notificó «la existencia de alguna orden de aprehensión» ni -añadió- «la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación ni el lugar de detención».
Provea señaló que pese a que el fiscal general afirmó que Torres «fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», para esa organización «es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido abogado de confianza», lo que considera «cercena» el derecho a la defensa del activista.
Este martes, Provea había pedido al Estado venezolano «revelar inmediatamente la suerte y el paradero» de Torres, de quien, según denunció la organización el domingo, «se tuvo noticias por última vez el viernes», cuando «avisó que iba a su casa, en Caracas».
Desde Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este martes que las detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela continúan contra personas críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado como presidente tras su cuestionada reelección, e hizo mención de forma especial al caso de Torres.
«Sus familiares informan que no han podido contactarlo y desconocen su paradero», dijo a la prensa la portavoz de este organismo, Liz Throssell.
La ONU señaló que ha verificado «la muerte de al menos tres críticos del Gobierno desde julio de 2024» y solicitó que estos casos sean investigados de manera completa e independiente.
