El gobierno de EEUU pidió este lunes a la Corte Suprema reactivar las deportaciones de 176 venezolanos detenidos en Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y solicitó que se levante la suspensión temporal dispuesta el mes pasado.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, John Sauer, sostuvo que varios de los migrantes –presuntamente vinculados a la agrupación Tren de Aragua, declarada organización terrorista extranjera por Washington– representan un riesgo creciente si permanecen en custodia prolongada.
Según el documento, un oficial del Departamento de Seguridad Nacional describió un incidente reciente en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas, donde 23 de los internos se atrincheraron en una unidad de vivienda, amenazaron con tomar rehenes y lanzar ataques contra agentes de ICE.
El expediente señala que las imágenes aéreas captadas por un dron mostraron a los detenidos enviando un mensaje de “SOS” desde el complejo, tras lo cual aquellos implicados en el atrincheramiento fueron trasladados a otra instalación en Texas. Sauer advirtió además que esos reubiques incrementan el peligro de reclutamiento y expansión de las actividades del Tren de Aragua dentro de territorio estadounidense, por lo que urgió a que se proceda a su expulsión “sin demora”.
La solicitud llega menos de un mes después de que la Corte Suprema emitiera una orden sin precedentes para suspender el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros con el fin de acelerar deportaciones.
Previamente, el alto tribunal había autorizado de manera temporal su aplicación, pero exigió que los afectados recibieran notificación suficiente para impugnar su expulsión según la norma, de origen decimonónico.
El Ejecutivo de Trump ha defendido que, quienes deportó bajo este estatuto, son miembros peligrosos del Tren de Aragua, aunque los abogados del gobierno han basado esa imputación en indicios como tatuajes o prendas supuestamente vinculadas a pandillas.
Jueces federales de instancias inferiores también bloquearon varias deportaciones alegando falta de claridad en las órdenes de la Corte Suprema y dudas sobre la idoneidad de aplicar una ley diseñada para conflictos bélicos declarados.
