PCV-Dignidad salvó el voto en la discusión del decreto de emergencia económica en la AN

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Ese decreto «no dice nada en relación con el salario mínimo mensual que tiene más de tres años congelado y que hoy, con el dólar cercano a los 80 bolívares, se ubica en menos de dos dólares», apuntó Oscar Figuera

El Partido Comunista de Venezuela Dignidad (PCV-Dignidad) salvó el voto en la discusión del decreto de emergencia económica presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional el pasado jueves. 

El diputado Oscar Figuera, secretario general, explicó en rueda de prensa que la única forma de dejar constancia de sus opiniones es a través del voto salvado, porque no les permiten hablar en la sesión.

«Salvamos el voto para dejar constancia escrita de nuestra posición», afirmó.

«Consideramos que este decreto favorece los intereses del capital, en correspondencia con la política que aplica el ciudadano Nicolás Maduro; una política neoliberal que abre espacio al gran capital local y trasnacional mientras hace daño a la soberanía y a los derechos del los trabajadores y del pueblo en genera», declaró Figuera.

El diputado comunista lamentó que el nuevo decreto no incluya «medidas concretas que permitan recuperar el salario de las y los trabajadores» y que «permita superar la situación actual en la que el pueblo trabajador debe laborar en diversos sitios para conseguir el sustento para su familia».

Ese decreto «no dice nada en relación con el salario mínimo mensual que tiene más de tres años congelado y que hoy, con el dólar cercano a los 80 bolívares, se ubica en menos de dos dólares», apuntó. «No dice nada ese decreto sobre el alto costo de la vida; que tiene que ver con salarios miserables; con la devaluación de la moneda; con una producción interna deficitaria y con el uso de los recursos del Estado para la corrupción y enriquecimiento de la cúpula en el poder», agregó.

Personas «que tienen una práctica de opacidad, no trasparente, de corrupción vienen hoy a exigir más poderes», dijo.

Figuera afirmó que acompañar ese decreto «sería darle una especie de legalidad a la práctica autoritaria y de concentración de poder que ejerce Nicolás Maduro y la cúpula del PSUV».

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