La administración de Donald Trump incluyó los números de Seguro Social de 6.300 inmigrantes, principalmente latinos, en el «archivo maestro de defunciones», según revelaron documentos internos citados por The Washington Post y El País.
La medida, confirmada por la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, busca restringir el acceso a empleos, seguros médicos y servicios bancarios para «alentar la autodeportación» de extranjeros con estatus legal temporal.
Huston defendió la acción como parte del compromiso de Trump con «deportaciones masivas», alegando que eliminar «incentivos económicos» es clave para disuadir la migración irregular. Los afectados, identificados mediante listas de vigilancia terrorista o antecedentes del FBI, incluyen a 1.000 beneficiarios de Medicaid, 41 receptores de seguro de desempleo y 22 titulares de préstamos estudiantiles. Aram Moghaddassi, ingeniero del Departamento de Eficiencia Gubernamental, facilitó los datos migratorios a la Administración del Seguro Social, según The New York Times.
La estrategia se ampliaría próximamente a 92.000 indocumentados con condenas penales, seguidos de aquellos sin récord delictivo, según adelantó The Washington Post. Un funcionario federal, bajo anonimato, admitió al diario que declarar a migrantes como «fallecidos» distorsiona sistemas críticos: «Empleadores y bancos los tratarán como inexistentes, aunque sigan aquí».
Medidas Adicionales
La política se suma a la revocatoria del estatus temporal para migrantes que ingresaron mediante la app CBP One (900.000 desde 2023), herramienta que la administración Trump considera «agrava la crisis fronteriza». Paralelamente, se impondrán multas diarias de hasta $998 a indocumentados que no abandonen EEUU, con amenaza de confiscar bienes por incumplimiento.
Organizaciones proinmigrantes denuncian que las acciones, sin precedentes en rigor legal, colocan a miles en riesgo de exclusión financiera y sanitaria.
