El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una megacárcel inaugurada en febrero de 2023 en El Salvador, concebida como parte de la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas en su país.
Está ubicada en una zona rural aislada, la prisión se extiende sobre más de 236 manzanas (aproximadamente 5.200 kilómetros cuadrados) y cuenta con instalaciones destinadas al confinamiento, áreas para perros guardianes y alojamientos para los guardias.
La prisión tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos, distribuidos en ocho pabellones con celdas de concreto equipadas con camas metálicas escalonadas, pero sin sábanas ni colchones. Las celdas comunitarias disponen de un retrete abierto, un lavabo de cemento y un cubo de plástico para la higiene personal.
Controversias y críticas de defensores de derechos humanos
Desde su inauguración, el CECOT ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian condiciones inhumanas y violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos. Las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas del día, y los presos no pueden recibir visitas de familiares o amigos.
Según datos de defensores humanos y libertades individuales, los reos permanecen 23 horas y media al día en estas celdas, sin acceso a libros ni otros elementos de entretenimiento. Los 30 minutos fuera de la celda se destinan a ejercicio o lectura de la Biblia.
La implementación del CECOT y las políticas de seguridad asociadas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha señalado que la construcción de la megacárcel podría intensificar los abusos gubernamentales.
Además, se han reportado denuncias de torturas y malos tratos en el sistema penitenciario salvadoreño.
El CECOT, Donald Trump y Venezuela
En marzo de 2025, la administración del presidente estadounidense Donald Trump deportó a más de 250 venezolanos acusados de ser miembros de pandillas al CECOT, lo que generó controversia y críticas por parte de organizaciones internacionales.
Estas deportaciones se llevaron a cabo bajo un acuerdo en el cual Estados Unidos paga $20,000 anuales por prisionero a El Salvador. Sin embargo, se ha informado que no todos los deportados tenían antecedentes criminales, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la legalidad de estas acciones.
El CECOT se ha convertido en un símbolo de la política de mano dura del gobierno salvadoreño contra las pandillas, pero también ha generado debate sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos. Mientras algunos sectores apoyan las medidas implementadas, otros advierten sobre las implicaciones éticas y legales de las condiciones carcelarias y las políticas de detención masiva.