La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela documentó durante el año pasado 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en el país, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias, según un reporte publicado este martes por la organización.
Ipys documentó que, en esos casos, hubo 571 «violaciones a las garantías informativas de periodistas», entre ellas 151 «agresiones físicas o verbales», 96 «ataques por discurso estigmatizante», 86 «restricciones en Internet», 59 «restricciones de acceso a la información» y 46 «restricciones administrativas».
La ONG también contabilizó 42 «medidas de censura», 32 «actos de hostigamiento judicial», 27 «desplazamientos forzados», 14 detenciones «arbitrarias», nueve «alertas de género», cuatro «detenciones temporales», tres normas que «restringen la libertad de expresión» y dos «desapariciones forzadas».
Según el reporte, los meses con «más ataques contra la prensa» en 2024 fueron julio y agosto, con 143 y 74 casos, respectivamente, en el contexto de la campaña electoral y la cobertura de las elecciones presidenciales y tras ellas, cuando se desataron protestas contra el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.
En este escenario, más de 2.400 personas fueron detenidas, según la Fiscalía, tras la denuncia de fraude electoral proferida por la mayor coalición opositora, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, fue el ganador en esta contienda y no Maduro.
«Ante los atropellos documentados durante julio y agosto, los periodistas decidieron resguardarse, cesar su labor informativa o la cobertura de temas censurados para preservar su integridad física y libertad personal», manifestó Ipys.
Así mismo, la ONG indicó que, durante 2024, «las violaciones a las libertades informativas afectaron a 262 trabajadores de la prensa».
De ese total, los más afectados fueron los reporteros (169), seguido de directivos de medios (16), camarógrafos (15), locutores (15) y reporteros gráficos (15), añadió Ipys.
Igualmente, resultaron afectados corresponsales extranjeros (11), quienes fueron «deportados y/o retenidos temporalmente», así como editores (4), coordinadores (4), articulistas (3), conductores de televisión (3), periodistas y dirigentes políticos (3), asistentes de producción (2), escritores (1) y representantes del gremio (1), reseñó la organización.
«Los ataques contra la prensa y la libertad de expresión también afectaron a 110 medios de comunicación, 13 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve sitios web de redes sociales y software de interés colectivo», agregó Ipys.
