La organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río denunció este martes la venta ilegal de tierras indígenas en Nicaragua, y criticó la inacción judicial ante la comercialización de tierras nativas y afrodescendientes en el país centroamericano.
Las investigaciones realizadas por Fundación del Río, y las plataformas Divergentes e Intertextual, han identificado 42 transacciones vinculadas a la venta ilegal de tierras comunales, donde participan al menos 23 abogados y notarios públicos, facilitando la transferencia fraudulenta de unas 32.000 manzanas (22.364,7 hectáreas) de territorios indígenas y dentro de áreas protegidas, según el informe de esa ONG.
La Fundación del Río, que fue ilegalizada por el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, señaló al sistema de justicia de callar ante la denuncia sobre abogados y notarios públicos que facilitan la comercialización de tierras comunales en Nicaragua, reseña la agencia EFE.
Esa ONG aseguró que envió a inicios de febrero una comunicación a la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos y a la Dirección General del Consejo Carrera Judicial, ambas del Poder Judicial, para denunciar a abogados y notarios que elaboran escrituras públicas facilitando la comercialización ilegal de tierras indígenas y afrodescendientes, en violación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal y otras normativas.
Tras un mes de espera y envío de comunicación, ambas direcciones del Poder Judicial, responsables de supervisar la actuación de abogados y notarios públicos y que pueden solicitar que se inicie una investigación, siguen sin pronunciarse ni tomar medidas, pese a su mandato, denunció esa organización.
La Fundación del Río dijo que sigue recopilando más escrituras públicas «que los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan enviando».
Entre las recibidas, sobresale una transacción de hasta 10.000 manzanas (6.988,96 hectáreas), «evidenciando la magnitud del despojo y la sistematización de este mecanismo ilegal», advirtió.
Señalan doble rasero del Gobierno sandinista
El presidente de la Fundación del Río, el nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, afirmó que “continuará utilizando las vías oficiales de las quejas y denuncias para que se sancionen a estos abogados y notarios públicos”.
De no suceder nada, “eso implicaría que el Poder Judicial también es cómplice de estos abogados y notarios públicos al permitir que continúen elaborando escrituras públicas para establecer transacciones comerciales en propiedades comunales”, añadió.
Ruiz cuestionó el doble rasero del Gobierno de Ortega y Murillo, porque «sancionan a abogados y notarios por ser opositores, pero no sancionan a los abogados y notarios que realizan estas actuaciones ilegales”.
Esta misma ONG lanzó en julio pasado una campaña para la «liberación inmediata» de ocho guardabosques indígenas mayagnas en Nicaragua, que según ese organismo fueron «criminalizados» y condenados por el Gobierno por los delitos de crimen organizado, entre otros.
En enero de 2023, el Ministerio Público de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por esa ONG como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Los guardabosques condenados estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de «colonos» en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la Fundación del Río, que tras ser ilegalizada por las autoridades de Nicaragua, tiene ahora su sede en San José.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.
Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales.
