El debate sobre nuevas estructuras para impartir justicia en el país forman parte de la disución en varios circulos del país. La sociedad civil ha pedido la palabra y exige que se pospongan, sin embargo desde el oficialismo se esgrime que hay que de acelerar el paso.
El pasado lunes 25 de noviembre comenzó el lapso de postulaciones para las elecciones de jueces de paz y se extenderá hasta el jueves 28 del mismo mes, para que los Consejos Comunales y Movimientos Sociales escojan en asamblea popular a sus candidatos o candidatas.
Las postulaciones por iniciativa propia «deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley».
La Comisión Electoral del Circuito Comunal es la responsable de la recepción de las planillas y sus recaudos para evaluar la información de acuerdo a lo establecido en la Ley y procederá a registrar a las candidatas y los candidatos en el Sistema Automatizado de Postulaciones.
Presentada la reforma a la Ley de Justicia de Paz Comunal, el pasado 14 de Noviembre, ahora se debe reglamentar el funcionamiento y el proceso de elección de los jueces de paz, el cual debe generar un total 30.000 personas vinculadas con estas responsabilidades.
Necesidad de posponer
El parlamentario ante la Asamblea Nacional (AN), Aníbal Sánchez, en función al surgimiento de la figura de los jueces de paz señala que «es pertinente solicitar posponer la elección de los jueces de paz comunal, para el año 2025. Debido a razones de orden jurídico. El cronograma propuesto no se ajusta a las realidades electorales del país”.
Asimismo destacó que «ahora nos hablan de un registro electoral fundamental para garantizar un proceso limpio. Me pregunto ¿dónde está ese registro electoral?”.
“La importancia de la elección de al menos 15.000 jueces de paz el próximo 15 de diciembre en la que podrían votar los mayores de 15 años de edad, que tengan residencia en el ámbito o circuito comunal es fundamental para el país. Por está razón solicitamos se posponga para una nueva fecha debido a la importancia trascendental de este nuevo evento para todos los venezolanos», destacó.
Para el también diputado de la fracción de El Cambió «la reforma a la Ley contiene aspectos positivos con respecto a la norma del año 2012, pero tanto la colectividad como los ciudadanos propuestos para desempeñar este rol deben de manejar cierta información vital para la transparencia del ejercicio electoral».
«Todavía no queda claro el proceso de constitución e instalación, de los circuitos comunales y los registros electorales, cómo debería ser a partir de los responsables electorales de cada uno de los consejos comunales que integran los 3.643 ámbitos de comunas o los otros 1.433 circuitos por agregación de consejos. Ahora en función de esta realidad realicemos una prueba, preguntó ante la opinión pública, ¿sabe usted en qué circuito comunal se ubica su lugar de residencia?», alertó el analista político.
Sobre la base de esta realidad, el también analista político sostiene que «si no existe un registro o mecanismo de autentificación de la identidad, que además es importante tenerlo, me pregunto: ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral habilitará un centro de votación en cada circuito, y cómo hace el Plan República para resguardar el proceso?”
«La instalación de las mesas sería el viernes 13 de diciembre el mismo día que cierra la campaña electoral, y aunque la ley esboza algunos principios de la misma, está fase debe ser también normada en el reglamento, así como las fases de la postulación», destacó Sánchez.
Relató el parlamentario que «como norma electoral sabemos que los postulantes deben ser venezolanos mayores de 25 años, de estado seglar, que no esté cumpliendo alguna sentencia, de conducta intachable, no pertenecer a la directiva de partidos o gremios, etcétera».
Además «consta como requisito» que los candidatos deben «provenir de la misma estructura del poder popular o por iniciativa propia. Me pregunto: ¿será que los postulantes deben consignar firmas y carta de residencia? Todo esto no se tiene claro», sentenció Sánchez.
«En todo evento una vez te postula viene un proceso de admisión y de impugnación e incluso respetando la posibilidad de que éstos se defiendan y de forma extraoficial se maneja que esto sería del 27 al 29 de noviembre, pues para el día 30 deben estar publicadas las listas las cuales deben llevar el número de cada candidato», argumentó el diputado.
Además agregó que «son muchos los aspectos, que nos lleva a concluir que de continuar con este proceso se puede perder una buena oportunidad para instalar un sistema de justicia de paz comunal, con cierto reconocimiento nacional e internacional».
Desde su punto de vista el parlamentario sostiene que «las competencias de éstos jueces de paz que actuarán como órganos colegiados de tres miembros, los cuales uno debe asumir la coordinación de acuerdo a una reglamentación interna, tiene unas competencias claras en la ley desde la materia de inquilinato, protección de los derechos de niños y adolescentes, cumplimento de ordenanzas, tema de violencia de género, e incluso la misma organización comunitaria».
“Para esto la figura de justicia de paz se vale de la resolución de conflictos a partir de la conciliación, mediación y arbitraje, sin que esto no significa que se pueda recurrir a sus sentencias en el canal tribunalicio», finalizó el diputado.
Elecciones clandestina
La abogada especialista en Ciencias Penales y Criminalísticas, vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, alertó que «el Gobierno realiza de manera clandestina un proceso de elección de jueces de paz donde vulnera el sueño anhelado de ver concretada la justicia de paz en nuestro país».
«Ahora se tira por el desagüe la aspiración de quienes podrían cumplir esa función ciudadana de cercanía de la justicia para dirimir conflictos vecinales que se suceden en nuestras comunidades», relató Verdeal.
Agregó que se está en presencia “de un proceso que tiene poca o ninguna divulgación de qué se va a realizar. Estamos en presencia de un cronograma electoral fugaz donde los lapsos no permiten su desarrollo de cara a la ciudadanía. Esto deja al margen los principios consagrados en nuestras Constitución y el espíritu de la normativa vigente para convocar a la participación». «Apoyamos el desarrollo de la justicia de paz en Venezuela, pero el exabrupto que se pretende realizar destruye una iniciativa valiosa que además estuvo dormida durante años. ¿Por qué y para qué hacer las cosas de este modo? Sólo pretenden tomar el control de la elección de estos jueces de paz, serían más de treinta mil cargos por elegir, en qué tiempo útil se realiza este proceso. La forma atropellada en la cual se desarrolla el proceso no llevará a feliz término», concluyó la dirigente política.
La paz suspendida
El secretario Nacional de Unión para el Progreso (UP), Miguel Parra, señaló que se deben “fortalecer los procesos de paz, pero ese proceso debe ser suspendido».
«Para nuestra organización política la figura de la justicia de paz o los jueces de paz es un valor que ya existía en la República en tiempos de la democracia civil. En tiempos de la descentralización la justicia de paz fue un mecanismo importante como proceso de solución de conflictos en los niveles de las comunidades en factores determinados de la sociedad en la cual existía relaciones humanas importantes», destacó.
Igualmente agregó que «el juez de paz tiene una finalidad muy específica, hacer posible la solución de conflictos en paz. Ahora nosotros damos gracias a que el régimen nuevamente ha reconocido la importancia de su figura».
«En lo que no podemos estar de acuerdo, es la manera, como ha determinado el régimen su elección», denunció.
No obstante destacó que «el Estado es el encargado de regir, coordinar y establecer todos los procesos electorales de elección popular y esta es una elección popular. En tal sentido, mal puede el Gobierno en forma ejecutiva llamar a la elección y establecer un mecanismo partidista de elección».
«Nosotros creemos que hay que fortalecer la justicia de paz y hay que apostar a la justicia de paz, pero no mediante un mecanismo de elección como la que tiene planteada el Gobierno en este instante de esta forma», denunció.
En tal sentido destacó «creemos que ese proceso debe ser suspendido y debe plantearse al país de una manera diferente con la participación de todos los venezolanos. Este nuevo proceso debe contar con la participación de todas las comunidades, además con la participación de todos los sectores de la vida nacional».
«Para este proceso deberíamos poder tener una figura pública que merezca el respeto y la legitimidad de todos los venezolanos, de lo contrario, eso sería no más que un parapeto del régimen», finalizó.
¡Comunas o nada!
El abogado y vicepresidente de la relaciones internacionales del partido Podemos, Héctor Sulbarán, sobre el tema de la elección de los jueces de paz, afirmó que estoos “son responsables de abordar y resolver conflictos de carácter administrativo. Su función es facilitar la conciliación entre las partes involucradas, promoviendo el diálogo y el entendimiento para evitar que los casos terminen en acciones judiciales ordinarias».
«En este sentido, lo comunal juega un papel clave en la paz social, ya que cada residente selecciona a los jueces como representante en sus áreas. Esto incluye no solo a los circuitos territoriales, sino también territorios que aún no se han conformado como comunas, así como a las comunas en procesos de desarrollo», destacó.
Para finalizar destacó «ahora estamos en el proceso de postulaciones, campaña y elección. Ahora y siempre la consigna es comunas o nada».
Deuda de orden Constitucional
La analista política Mércedes Malavé, frente al debate postulaciones y próximas elecciones de los jueces de paz, sostiene que «yo estoy de acuerdo con la figura de los jueces de paz, como un medio alternativo para resolver conflictos sociales en paz, porque eso está en nuestra Constitución nacional y además hay que decir que tenemos una deuda pendiente con los venezolanos, sobre este tema».
«Está pendiente el cómo establecer los mecanismos, reglamentos y especificaciones sobre cómo implementar la justicia de paz, eso desde que apareció en la Constitución pues no sabía cuál podía ser posible reglamentado a implementar», destacó.
No obstante agregó que «el problema ahora es apelativo de justicia de paz comunal, apoyando la estructura que son los consejos comunales, estructura que sabemos que tampoco aparecen en la Constitución» (…) esta figura de los consejos comunales que no están ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica, ni en ninguna parte».
«Los consejos comunales aparecen como dependientes no se sabe de quién, no como una estructura paralela, nos hacemos la pregunta: ¿se está acentuando un paralelismo para debilitar el municipio?”, dijo Malavé.
También agregó que «no suscribe la palabra comunal para nada porque no está en la Constitución y porque parece un empeño en ir erosionando la célula fundamental de nuestro ordenamiento político territorial que es el municipio».
«Ahora se plantean unas elecciones muy atropelladas unas elecciones para el 15 de diciembre con un Poder Electoral que le debe suministrar resultados al país, todo esto es un proceso electoral muy tormentoso», destacó.
No obstante agregó que «hoy no hay ni confianza ni seguridad en un proceso electoral».
«Ahora surgen las siguientes interrogantes: ¿quién va a participar en ese proceso? ¿Quién se va a postular como Juez de Paz? ¿Todos estos procesos están en un mismo cronograma?».
Agregó que «con este nuevo proceso se está secuestrando y asfixiando todos los espacios de participación ciudadana al estilo de partido único, pues porque no hay consensos ni participación de otros actores como pueden ser las academias, como pueden ser los colegios profesionales como pueden ser los sindicatos, la propia ciudadanía, surge la duda: ¿cómo construir una figura que funcione para todos?
«Ahora se está convocando toda una parcialización política para seguir profundizando en la politización de las estructuras de convivencia y de las estructuras más cercanas a los vecinos y a las dinámicas sociales de las propias comunidades», finalizó.
