La opositora venezolana Delsa Solórzano denunció este martes que a un grupo de políticos antichavistas detenidos en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio se les impide la visita de familiares y abogados, lo que -dijo- viola la Constitución y la normativa internacional.
«Hoy, Freddy Superlano cumple 105 días en prisión, durante los cuales no ha sido visto ni por sus familiares ni por sus abogados», indicó la exdiputada en un mensaje publicado en la red social X.
Sostuvo que en situación similar están los dirigentes políticos Roland Carreño, Williams Dávila, Américo De Grazia y Biagio Pilieri, así como el asesor jurídico de la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- Perkins Rocha.
«Que se les prohíba la visita y el contacto con familiares y abogados viola nuestra Constitución y toda la normativa internacional relativa al tratamiento de los privados de libertad, en particular las Reglas Mandela», añadió Solórzano.
La opositora indicó que en las Reglas Mandela (reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos) se establece que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad, sin discriminación de ningún tipo.
Asimismo, indica que los reclusos deben tener el derecho a comunicarse con sus familiares y mantener vínculos sociales. El reglamento prohíbe el «aislamiento indefinido».
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 1.963 «presos políticos», de los cuales 1.936 fueron detenidos tras las presidenciales, en las que la PUD asegura que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.
Dirigentes opositores y ONG exigen a diario, a través de redes sociales, la liberación «inmediata» de los detenidos por motivos «políticos», entre los que cuentan a los cerca de 170 militantes y activistas de partidos que -denuncian- están tras las rejas.
Recientemente, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela está «libre de presos políticos», una afirmación rechazada por el antichavismo y diversos sectores sociales.
