El gobierno de la región española de la Comunidad Valenciana descartó este domingo cualquier dimisión en estos momentos en relación con la gestión de la catástrofe de las lluvias torrenciales de hace doce días, que causaron al menos 214 muertos en la provincia mediterránea de Valencia e innumerables daños materiales.
Cualquier renuncia de altos cargos regionales «no es una opción», pues el único objetivo ahora es trabajar para reconstruir la zona asolada y no abandonar a las víctimas, argumentó en conferencia de prensa la vicepresidenta valenciana y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.
Tanto el presidente regional valenciano, el conservador Carlos Mazón, como Camarero expresaron hoy respeto por el dolor de las víctimas, al ser preguntados por la multitudinaria manifestación de este sábado en la ciudad de Valencia.
En la protesta, 130.000 personas, según datos oficiales, exigieron la dimisión de Mazón por una gestión que consideran nefasta.
También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó hoy respeto por las manifestaciones siempre que sean pacíficas y conformes con la regulación legal y evitó entrar en polémicas porque los esfuerzos deben centrarse ahora en resolver la grave crisis socioeconómica causada por la gran riada.
El Ejecutivo español tiene previsto aprobar este lunes un nuevo paquete de medidas contra los estragos después de uno primero de 10.600 millones de euros (11.342 millones de dólares) para ayudar a particulares, trabajadores autónomos y empresas de Valencia y también de las regiones de Castilla-La Mancha (centro) y Andalucía (sur).
Además de la gran manifestación de Valencia, que terminó con algunos disturbios y actos vandálicos de grupos minoritarios, miles de personas se manifestaron también ayer contra el gobierno regional valenciano en la ciudad valenciana de Alicante.
Y en Madrid, tanto ayer como hoy varios cientos de personas protestaron contra las consecuencias del desastre, entre ellas las de tipo sociolaboral.
A medida que pasaba el tiempo desde el día del desastre natural, el 29 de octubre, crecía el descontento social de las localidades afectadas con las administraciones públicas, tanto nacional como regional, por la falta de previsión y la lentitud en el envío de personal y medios mecánicos para paliar la devastación.
El Ejecutivo central, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y el gobierno valenciano de Carlos Mazón se han cruzado acusaciones de tardanza sobre cuándo se comunicó la previsión de lluvias torrenciales y cuándo se avisó a la población para que permaneciera en lugares seguros.
