En una rueda de prensa que se llevó a cabo en La Universidad de Los Andes, estado Táchira, Olga Soto, secretaria general Siprula Táchira, enfatizó que ser jubilado o pensionado en Venezuela, pese a la nueva ley de pensiones, de ninguna manera se traduce en garantías de tener una vida digna.
«El sector de jubilados y pensionados es el más vulnerable por distintas razones; algunas de ellas son derivadas de esta situación, dejándolos en dependencia económica por su nula capacidad adquisitiva, y la imposibilidad de atender su salud y acceder a tratamientos médicos», denunció Soto.
Por otra parte, agregó que «hoy nuestros jubilados y pensionados, después de entregar los mejores años al servicio del país, padecen una situación humillante, estando expuestos a la mendicidad».
Quienes durante décadas brindaron servicio a las instituciones del Estado, siguió, carecen de un salario vital que les permita vivir, mientras la canasta básica sobrepasa los 540 dólares. El salario de un jubilado o pensionado permanece congelado en 3,5 dólares.
«Desde nuestro sindicato Siprula, junto con la Central ASI VENEZUELA y nuestra Federación FENASIPRUV, vemos con preocupación como los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (DESCA), cada vez se alejan más de los venezolanos, y más aún del sector universitario. Llevamos muchos años exigiendo un salario vital ajustado al artículo 91 de la Constitución, que les permita vivir dignamente tanto a trabajadores activos como jubilados, pensionados y sobrevivientes», relató.
Remarcó que desde el año 2022, el poder adquisitivo de quienes dependen de un salario de la administración pública, ha estado muy por debajo de la realidad del país. Los trabajadores, al igual que los jubilados y pensionados han tenido una pérdida de su ingreso mensual: en agosto el déficit salarial se ubicó en 4.371.68 bolívares.
Pese a este escenario, Soto en nombre de los sindicatos mencionados, ratificó que «seguimos de pie por el rescate de nuestros derechos».
Al tiempo que, refirió a las prestaciones sociales y advirtió que, «si no existe un salario vital que verdaderamente genere beneficios laborales, los cuales incidan en la determinación de las prestaciones sociales, pues sencillamente no existen dichas prestaciones».
«Todo pasa por establecer un salario justo que repercuta en los demás conceptos laborales como vacaciones, bonificaciones. Debemos reafirmar que los bonos no son salarios, son un deterioro de los derechos fundamentales laborales, que lo que hacen es deteriorar la capacidad de compra real», finalizó.
