La suspensión de vuelos a Panamá, República Dominicana y Perú no solo afecta a pasajeros, sino al comercio de productos exportables
El Gobierno venezolano prorrogó por 30 días la suspensión de vuelos hacia y desde Panamá, República Dominicana y Perú, de manera que la medida ahora estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.
Como se sabe, esta medida fue adoptada el pasado 31 de julio como respuesta a los cuestionamientos de los Gobiernos de estos países al resultado de las elecciones venezolanas, divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Ejecutivo venezolano acusó a los Gobiernos de estos países de «injerencismo» en los asuntos internos de este y decidió emprender medidas que ponen pausa en las relaciones diplomáticas.
Panamá y República Dominicana son rutas aéreas estratégicas no solo para el traslado de pasajeros, debido a que ofrecen amplias opciones de conexión con Estados Unidos y Europa, sino que también son relevantes para el comercio de productos exportables.
En el caso de Perú, se trata de uno de los países que ha recibido un mayor flujo migratorio procedente de Venezuela, por lo que el movimiento de pasajeros es relevante, de manera que se trata de una ruta muy importante.
El otro problema que generó esta prohibición de vuelos es el incremento desorbitado de los pasajes aéreos, debido a una drástica reducción de la oferta de viajes. Pasajeros han señalado que los boletos se han incrementado hasta en 300% o más por estas limitaciones.
La medida ha afectado 100 vuelos semanales, según se estima. La aerolínea más afectada es Copa, con 42 vuelos semanales, seguida por Latam, que realizaba siete vuelos semanales desde Perú a Venezuela.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano explicó, en el comunicado original donde informó sobre la medida, que la suspensión responde a “la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad”.
El Ministerio de Transporte “se reserva las acciones legales, en apoyo firme a las decisiones políticas del Estado, a fin de hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable de la autodeterminación del pueblo venezolano”.
