Existe una discusión sobre la pertinencia de la participación del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión sobre los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Sin embargo el hecho político existe y deben explorarse las opciones y salidas que se sirven en el escenario crisis política que vive el país.
El analista electoral y consultor político Aníbal Sánchez se pasea por las alternativas que se presentan el tablero político actual, no sin antes señalar que «se debió definir correctamente la acción interpuesta ante el TSJ, porque sin haber culminado el proceso en el CNE se buscó apelar a la instancia donde se dirimen los conflictos electorales, colocándose un paso adelante, ante las denuncias que siembran dudas sobre el proceso”.
Según su percepción «se pretende convertir el proceso electoral en un proceso judicial, secuestrando las competencias y dejando en estado de subordinación al primero».
Luego de estas dos precisiones Sánchez admite la situación fáctica que se presenta y dibuja salidas al complicado escenario que inunda de opacidad los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral y abre un mar de dudas sobre la legitimidad política del poder constituido en el país.
Sánchez indcia que existe la presunción de que luego que la Sala Electoral emita sentencia «habrá cosa juzgada. Se asumiría que el máximo tribunal decidió y con ello buscan revestir de autoridad y legitimidad este acto».
El analista indica que esta no tendría porqué ser la última jugada, ya que «algunos juristas sostienen que no es cierto. Extraordinariamente la Sala Constitucional y la Plenaria pueden involucrarse, en una revisión constitucional o ante un amparo contra sentencia de la Sala Electoral».
Los escenarios
El primer escenario que dibuja Sánchez indica que puede optarse por «darle fuerza a la solicitud de un reconteo, voto por voto, en la Sala Electoral. Puede ser a nivel de papeletas en las cajas de resguardo (urnas) algo que se cubría con la Validación Ciudadana en el 51% de las mesas; o incluso con un recurso más técnico: Constatar lo transmitido con lo almacenado en las memorias de las máquinas (flash card)».
En segundo lugar existe la posibilidad de «solicitar una revisión constitucional en la Sala Constitucional del TSJ, donde incluso se esperaba pudieran accionar un amparo, pero que partiendo sobre el estado de indefensión no emprenden acciones que buscan visibilizar la crisis institucional”.
En su explicación Aníbal Sánchez señala que las opciones «no son excluyentes» y podrían ser «complementarias».
Otra opción es que «la Plenaria del Máximo tribunal debe se pronuncie ante un amparo en contra de una sentencia que afectaría la voluntad y soberanía popular».
«El tema de las actas en un lugar digital puede ser llevado a otra instancia de manera de darle un valor más físico, aunque entre las instancias que se pasean algunos está la OEA, independientemente que el Estado Venezolano no sea parte de este organismo», señala Sánchez.
Por otra parte señala que está la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puede ser involucrada al solicitar mecanismos de protección; ya sea ante la violación del derecho humano del sufragio consagrado en el artículo 21 y 23 de la Declaración de la ONU y ratificados en el pacto de San José».
«Otros son de la idea de que la acción en búsqueda de la protección de los DDHH de los miles de venezolanos que se expresaron mediante su voto. Debería ser a nivel de la Corte Penal aunque no se esté activando directamente en contra de un gobernante, de forma directa», indicó Sánchez.
