Luis Daniel Guzmán era chofer de la esposa de uno de los presos por el caso de Pdvsa, y la orden fue «pa’l pote». José Francisco Niño compraba la ropa de su graduación de bachiller cuando lo retuvieron por no portar la cédula. Dos pesadillas, como tantas otras, que esperan por la Defensoría del Pueblo
Por ser joven sin cédula. Por conducir el vehículo de un funcionario posteriormente detenido. Por reclamar, o por no hacerlo. Lo que denunciaron esta semana ante la Defensoría del Pueblo los familiares de presos por las leyes antiterroristas coincide con lo que ha dicho Naciones Unidas: «Abuso crónico» de estas normas.
El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres solicitó, con el aval de las familias, que el defensor, Alfredo Ruiz, cree una comisión especial que estudie los casos. Son centenares, advierte.
Rafael Guzmán habla por su hijo, Luis Daniel Guzmán, preso en la Zona 7 de Boleíta. Era «chofer de la señora Diana de Oliveira, esposa de Daniel Prieto, del caso Pdvsa». Prieto fue señalado por el gobierno venezolano como supuesto testaferro del diputado Hugbel Roa.
El muchacho tiene 26 años de edad, y su padre insiste en que «es ajeno a todo lo que se le imputa», aunque en ese caso «los involucraron a toditos: choferes, escoltas. «Mi hijo tiene 17 meses preso. Es un preso político, sin derecho a la defensa. Se le violan sus derechos humanos. Estamos en la lucha para que se escuche este caso. Nos tiene consternados que el Estado vulnere sus derechos. Se podrán imaginar lo que hemos pasado sus familiares».
Asegura que lo apresaron «porque un funcionario de la policía anticorrupción dijo ‘estos también van pa’l pote’ y se los llevaron». Lo acusan de cómplice necesario, de asociación para delinquir. «No ha habido juicio. No ha habido ni siquiera la presentación».
El delito de Luis Daniel Guzmán es haber sido el chofer de la esposa de uno de los presos por el caso Pdvsa, señala el padre del joven, Rafael Guzmán. Pide a la Defensoría del Pueblo que ayude a liberarlo https://t.co/ykbyPxoob0 pic.twitter.com/eKB0UE7443
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A José Francisco Niño lo detuvieron por no tener cédula, asegura su madre, Carolina Castillo. «Lo están acusando de terrorismo cuando lo único que hizo fue no tener la cédula. Ya tiene tres años preso, desde el 9 de julio de 2021», detalla. Se lo acusa de terrorismo. Al momento de la aprehensión, en la avenida principal de El Cementerio, José Francisco tenía 17 años de edad y estaba comprando la ropa para la graduación. Los sueños de la familia fueron aplastados como una rosa por un tractor.
«Tenemos todas las pruebas en la mano de que mi hijo estaba al lado mío. En el expediente hablan de un hombre moreno con el cabello crespo, y mi hijo es blanco con el cabello liso. Ellos dicen que lo agarran el día sábado con un teléfono celular, pero eso no puede ser porque ya estaba en la Quebradita 2 esperando que lo verificaron, aunque en la Quebradita 2 no había sistema» y no hubo verificación.
A José Francisco Niño lo detuvieron hace tres años por no tener cédula mientras compraba la ropa para su graduación de bachiller. Su mamá, Carolina Castillo, denuncia las irregularidades del caso y pide al defensor del Pueblo que intervenga https://t.co/ykbyPxoW0y pic.twitter.com/F1HGNQCUNQ
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Rafael Guzmán piensa que la Defensoría del Pueblo puede hacer algo, «porque el defensor del Pueblo es garante de los derechos de los ciudadanos; por eso se llama defensor. ¿Qué tiene que hacer él? Hacer una investigación, un seguimiento, una revisión del expediente, una revisión del caso». Guzmán considera injusto que un chofer, un jardinero, una cocinera «tengan que pagar» por ser empleados de presuntos corruptos.
Relata que ha sufrido extorsión por parte de funcionarios policiales y custodios; la zozobra «de que hay que estar pagando, sacando plata de la noche a la mañana porque suena que lo van a trasladar». Afirma que han perdido la cuenta de todo lo que han erogado, y que, incluso, les costó 700 dólares que a Luis Daniel lo dejaran en la Zona 7 y no se lo llevaran a otro lugar.
Carolina Castillo trabaja en la alcaldía de Zamora. Afirma tener el apoyo de sus compañeros de trabajo, de los vendedores de El Cementerio. A su hijo lo condenaron a 10 años y la familia llevó el caso a reconsideración. Su esperanza es el defensor: «Necesito que revisen el caso de mi hijo para que vean que el caso está viciado, que mi hijo es inocente. Mi hijo debería estar estudiando; quiere ser abogado e iba a estudiar en la Universidad Santa María».
Castillo tiene los nervios destrozados. Una mujer de 44 años ahora presenta incontinencia urinaria y fecal: «Me hago pipí y pupú en las audiencias», confiesa. Pese a todo, sigue luchando: «Yo lo que quiero es la verdad, que vean el expediente de mi hijo».
