América vive una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia el norte deben enfrentarse a la extorsión, violaciones y robos, para toparse al llegar a la frontera sur de Estados Unidos con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados ante el aumento de las restricciones.
En Sudamérica, todas las rutas migratorias pasan por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. La travesía comienza en el golfo del Urabá, en el noroeste colombiano, que ha sido históricamente controlado por grupos armados y donde la presencia del Estado colombiano es nula.
«Ha sido una frontera porosa, una especie de área sin ley donde ha habido distintos tipo de tráfico: en algún momento se movían armas en el Darién, luego clorhidrato de cocaína y más recientemente estamos presenciando el ‘boom’ del tráfico de migrantes», explica a EFE el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos.
La migración por esta selva montañosa no es novedosa, pero fue a partir de 2019 cuando empezó a tomar fuerza con sucesivos récords hasta los más de 500.000 migrantes registrados en 2023, según datos de las autoridades panameñas.
El fenómeno migratorio reporta cifras millonarias -hay informes que hablan de 57 millones de dólares anuales- a los grupos criminales que cobran a los migrantes unos 200 dólares para garantizarles el paso seguro por el Darién.
La selva del Darién es en muchos casos una pesadilla para los cientos de migrantes que lo cruzan a diario y donde son víctimas de ataques de animales salvajes, crecidas repentinas de ríos, violaciones sexuales o asaltos por parte de criminales, que los despojan de lo poco que tienen.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) da cuenta de 42 muertes o desapariciones en el Darién hasta principios de diciembre, aunque otros datos son superiores. El año pasado el número ascendió hasta 141.
«Casi me ahogo, porque hay mucha gente que no sabe nadar y traté de ayudar a muchos. No quería que se muriera nadie», dijo a EFE el venezolano Daniel Cruz en Lajas Blancas, donde está una de las estaciones migratorias en la que se atiende a los migrantes.
Las autoridades panameñas y una decena de organismos internacionales ofrecen a los viajeros asistencia sanitaria y alimentación en estos centros, en un operativo único en el continente que ha costado al Estado al menos 70 millones de dólares.
También organizan los servicios de autobuses, que se costean los propios migrantes, para que continúen hacia el norte sin estancarse en territorio panameño, una medida que repiten otros países centroamericanos.
Honduras es un país de migrantes y de tránsito. A diario más de 500 nacionales se aventuran en busca del «sueño americano», mientras medio millón de migrantes lo han atravesado ya en lo que va de año.
Muchos se enfrentan con frecuencia al mismo problema: la falta de dinero para seguir avanzando. Algo que les lleva a pernoctar durante semanas o meses en el país de tránsito mientras recolectan el dinero suficiente, unos 45 dólares por persona en el caso de Honduras para pagar el transporte hasta la frontera con Guatemala.