Chile se prepara para un plebiscito constitucional este domingo 17 de diciembre en el que artículos referentes a la preservación de la vida, el manejo de los inmigrantes y su expulsión; así como los derechos humanos, han generado una polémica en la que se deberá decidir si estar en contra o a favor
Las formaciones que respaldan una nueva constitución se apoyan en cambios generados a partir de la gestión del primer mandatario, Gabriel Boric, quien no ha salido ileso luego de consultas electorales en las que la población ha manifestado su rechazo. El grupo que no aprueba el proyecto se apoya en el cuestionamiento de artículos que pudieran representar un retroceso en muchas de las conquistas y reivindicaciones que ha obtenido el país.
La propuesta constitucional, que fue elaborada por un consejo dominado por la extrema derecha del Partido Republicano y la derecha tradicional de Chile Vamos, con 33 de los 50 asientos, recibió el respaldo mayoritario de las organizaciones políticas opositoras al Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric. El oficialismo y la centroizquierda, que no tuvo una incidencia mayor en la construcción de la iniciativa constituyente, expresó su rechazo rotundo.
El Ejecutivo ha decidido mantenerse en una postura neutral sobre la nueva Constitución, aunque la totalidad de los partidos que lo sostiene se ha inclinado por el «En contra.»
Los partidos a favor
La opción que defiende la entrada en vigencia de la propuesta de nueva Constitución es defendida por el Partido Republicano (PLR), de la extrema derecha; además de la coalición de derecha tradicional Chile Vamos, que es conformada por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli). A ellos se suman las formaciones centristas Amarillos por Chile y Demócratas, fundadas por exintegrantes de la desaparecida alianza de centroizquierda Concertación, que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Otro movimiento que oficialmente adhiere a esta opción es el populista Partido de la Gente (PDG), liderado por el excandidato presidencial Franco Parisi.
Los que están en contra
El bloque opositor al proyecto del Consejo Constitucional es conformado mayoritariamente por agrupaciones progresistas Entre ellas destacan la coalición de centroizquierda Socialismo Democrático (conformada por el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal), el Frente Amplio (compuesto por Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes), el Partido Comunista, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social; todas ellas parte del Gobierno de Boric. Por fuera del Ejecutivo aparece el Partido Demócrata Cristiano y formaciones de izquierda más pequeñas creadas como Patria Progresista, el Partido Popular, el Partido Alianza Verde Popular, el Partido Igualdad y el Partido Humanista.
Partidos neutrales
El Partido Social Cristiano (PSC) rompió los esquemas de las campañas para el plebiscito constitucional. La formación de derechas, conformada por grupos vinculados a las iglesias evangélicas, se dividió con militantes que apoyan las opciones A favor y En contra. Para la franja electoral, el espacio televisivo otorgado para la difusión de la propaganda electoral audiovisual, la colectividad apareció en los bloques de las dos posturas con un concepto en común: ante cualquier resultado, se debe poner fin al proceso constituyente.
El Aborto
Aunque la nueva propuesta constitucional no incluye ninguna mención explícita al aborto, sí asegura a todas las personas el derecho a la vida e indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa mención, aunque muy similar, contiene un matiz a la de la Carta Magna vigente, en donde se recoge que “la ley protege la vida del que está por nacer”.
El cambio de palabras “que” por “quien”, “hace referencia a la calidad de ser humano, persona, respecto de la vida del que está por nacer y eso va a tener un impacto en cómo se reciba eso a nivel legal”. Para la activista, ese punto “obviamente, habilita la posibilidad de que retrocedamos en materia de los derechos de las mujeres”.
El oficialismo teme que, de aprobarse el artículo con esa redacción, pueda colisionar con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación.
Detenciones en lugares no habilitados
El artículo 31 de la propuesta constitucional trata sobre las medidas y facultades del Presidente de la República en relación al estado de asamblea y estado de sitio. En su inciso 7, el texto señala que el mandatario en funciones podría arrestar a las personas en sus propias casas o en lugares que no sean centros comunes de detención.
«Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión».
Eliminación del impuesto a la vivienda
La eliminación de las contribuciones a la vivienda principal fue una de las enmiendas más criticadas por expertos en materia fiscal, quienes tacharon la medida republicana como «populista» y «regresiva» debido a que generaría efectos nocivos en las comunas de más bajos ingresos. El articulado señala que «el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho».
A pesar de tratarse de una enmienda popular, los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto, y quienes lo hacen son -por lo general- las propietarios de más altos ingresos.
«Esta sería una medida muy regresiva, y por regresiva se entiende que beneficiaría mucho a las personas de altos ingresos. Recordemos que tan solo un 23% de las propiedades pagan contribuciones (…) las propiedades más caras de Chile están dentro de este 23%», advierte el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica Kenzo Asahi.
Pueblos originarios
La Constitución vigente no menciona a los indígenas, mientras el texto que se someterá a plebiscito los reconoce como parte de la Nación chilena, “que es una e indivisible”, y agrega que respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por la carta magna.
Además, reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos.
La propuesta constitucional que fue rechazada el año pasado reconocía también los sistemas de justicia indígenas y los situaba al mismo nivel que el sistema nacional de justicia. Además, consagraba 17 escaños reservados en el Congreso para esta población. En el nuevo proyecto, no constan ninguna de esas dos menciones.
Presos por delitos de lesa humanidad
Con 31 votos a favor del Partido Republicano y Chile Vamos se aprobó la enmienda que indica que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado que esta enmienda iría en directo beneficio de los reos de Punta Peuco, quienes se encuentran cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Lo anterior debido a que 153 de los 265 presos mayores de 75 años que hoy cumplen penas en el país están condenados por violaciones a los derechos humanos.
El Consejo Constitucional también hizo una serie de modificaciones en lo relativo a la sindicalización y derechos laborales. Una de las enmiendas aprobadas establece que «no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá́ los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal».
Otra modificación enmarcó la huelga solo en el marco de la negociación colectiva: mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establecía que «esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”, la derecha reemplazó la última frase por la siguiente «y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva».
Constitucionalización del Sistema de Salud
La propuesta constitucional también consagra la denominada “libertad de elegir” en todas las prestaciones sociales. En salud, esto se plasma en el artículo que señala que “es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
Sin embargo, el oficialismo ha denunciado que esta norma haría inconstitucional los sistemas de salud públicos y, en la práctica, consolidaría el modelo de isapres a nivel constitucional.
El comisionado Flavio Quezada (PS), señaló que “si miramos a países como Reino Unido, España o Francia, esos modelos, que son Estados sociales en esa materia, serían inconstitucionales con esa norma. Por tanto, creo que ese artículo no solo es peligroso porque petrifica un modelo, sino, además, porque petrifica un modelo que es incompatible con el Estado social”.
Constitucionalización del Sistema Previsional
Algo similar ocurre en el sistema previsional. Una enmienda aprobada por Republicanos y Chile Vamos señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.
Y si bien la propiedad exclusiva de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones es una demanda sentida por la ciudadanía, expertos señalan que esto impediría generar mecanismos «solidarios» o de reparto en el actual modelo previsional, lo que dejaría intocable el sistema de las AFP. De hecho, tras la aprobación de la norma en el Consejo Constitucional, diputados del Partido Republicano exigieron al Gobierno retirar su reforma previsional, la cual pretende avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, debido a que sería inconstitucional bajo la nueva Carta Magna.
La postura de Michelle Bachelet
La expresidenta chilena Michelle Bachelet ya señaló que votará en contra de refrendar la nueva Constitución en el plebiscito a celebrarse el próximo 17 de diciembre por considerar que la propuesta retrocede en derechos fundamentales y no une a los ciudadanos, incluso en temas de Estado como la seguridad.
Asimismo, incluyó «una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos, tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria», asuntos que en lugar de limitarse, tendrían que haberse ampliado.
Valoración similar le valió el tratamiento otorgado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes», pues, a su juicio, la omisión «es preocupante, especialmente para aquellos que están en situación de vulnerabilidad o abandono».
«No quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de la seguridad en nuestro país, un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad», señaló.
Aunque no lo precisó, resaltó que existen «otras razones» para oponerse al proyecto de Constitución, pues aseguró que, en última instancia, «Chile no se merece una Constitución» que «divida» a su pueblo. Sin embargo, el también exmandatario Sebastián Piñera unió su voz a favor del proyecto.
Datos arrojados por un reciente sondeo, demostraron que el nivel de rechazo al nuevo texto constitucional ronda el 50 por ciento, al tiempo que el apoyo ha caído a 30. De fracasar esta segunda propuesta, no se podrá convocar a otro proceso constituyente en el resto del período presidencial de Gabriel Boric, que concluye en 2026.
¿Qué dicen las encuestas?
Diversas encuestadoras coinciden en que la mayoría de los consultados se muestra contrario al proyecto constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, a 16 días del plebiscito constitucional arrojó que el 39,6% de la población estaría votando “En contra” de la propuesta de Nueva Constitución, 4 puntos menos con relación a la medición del noviembre (43,6%).
Además, el 26,7% estaría votando “A favor” (+4,5), mientras que el 20,7% no sabe, el 8,1% votaría nulo o blanco y el 4,9% no votaría.
Fuentes Telesur/El País/BBC/CNN/PL
