Son más de 250 personas, entre civiles y militares, que esperan por una medida. Este martes y miércoles se realizará la audiencia de apelación del expediente Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional, en el cual están incluidos estos y otros casos
«Una madre no está nunca preparada para pasar por lo que yo estoy pasando», afirmó entre sollozos Wendelin Peña, madre del estudiante John Álvarez. Peña, al hablar de su hijo encarcelado desde el pasado 30 de agosto, conmovió a quienes acudieron el pasado miércoles a la plaza Brión de Chacaíto a solicitar la libertad de los presos políticos y el cierre de los centros de reclusión en los que se practique la tortura.
«Ya basta», expresó la madre a contrapunto.com, antes de enumerar cómo está Álvarez: «A consecuencia de las torturas John está padeciendo de un problema renal, pérdida de la visión y tiene su pierna izquierda inmovilizada».
Durante el acto, recordó que su hijo tiene 24 años y le han robado más de 60 días de su vida. «Es injusto. Es injusto que John Álvarez esté detrás de las rejas». También expresó su temor: «Mi hijo no debe estar un día más tras las rejas. No le pueden robar su futuro que tanto le ha costado. Él hace música porque le gusta y lo hace bien y es reconocido. Estudia porque le gusta, lo hace bien y sus profesores lo reconocen. Pido la libertad para todos los presos políticos. Mi hijo fue torturado. Hoy pido el cierre de los centros de tortura».
«Justicia y libertad», gritaron los asistentes a la concentración. Pero, más allá de los testimonios, el acto de ese día permitió volver a poner en el tapete la situación de las personas encarceladas por razones políticas.
Foro Penal reconoce 270 presos políticos. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia certifica 285 presos políticos entre civiles y militares. El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, la semana pasada, a su liberación. Este martes y miércoles se realizará la audiencia de apelación del expediente Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional, en el cual están incluidos estos y otros casos.
En el caso de Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, la prisión de su pareja -dirigente sindical condenado a 16 años de cárcel- ha afectado a la familia. «Primero, es no dormir. Segundo, vivir en incertidumbre constante, porque es creer que puede salir, llamamos, que hay una lista, que esa lista sí, va, que no va. Mantener a un pueblo con ese ataque psicológico es una forma de tortura. Nos torturan diariamente, no solamente porque creemos que nuestros familiares pueden morir en la cárcel, sino porque todos los días nos levantamos con la esperanza de que se va a cumplir la palabra, y eso nos agota físicamente y emocionalmente».
Oropeza enfatizó que en Venezuela «no va a haber paz, no puede haber tranquilidad, no puede haber Navidades felices mientras en una cárcel haya personas inocentes».
Los presos políticos «son «seres humanos»no son barajas para el juego político; son seres humanos que tienen familiares, sueños trabajos; que tienen toda una vida por delante y que no merecen estar recluidos donde hoy se encuentran», resaltó David Sosa, expresidente de la FCU-UCV.
El teniente coronel Igbert Marín Chaparro está preso desde 2018. Haber sido edecán del presidente Hugo Chávez parece que, lejos de ayudar a que sea liberado, lo ha encerrado con una llave aún más fuerte. Su hermana, Ignell, repite las palabras de Marín Chaparro: «Mi dignidad no es negociable. Y yo complemento con que no es negociable la dignidad de ningún ser humano». Ignell Marín Chaparro exige la libertad «de todos los presos políticos civiles y militares, la libertad de los comandantes, la libertad de mi hermano».
Para atender la crisis de los presos políticos el abogado Joel García, defensor de derechos humanos, propone una ley de amnistía.
