Venezuela defiende que es el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, el que rige el conflicto, al contemplar que las partes deben resolver de forma satisfactoria, práctica y amistosa la controversia territorial, y rechaza la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró este año competente para resolver la disputa
Las autoridades guyanesas insistieron en que esas acciones pueden afectar a «la seguridad del Estado de Guyana y, por extensión, a la región del Caribe».
Al respecto, Caracas insistió en que las declaraciones de Guyana están «siendo redactadas por los abogados empleados de la ExxonMobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa (…) con los objetivos de apropiarse de recursos energéticos que no le pertenecen e intentar amenazar la paz y la estabilidad de Venezuela».
Además, advirtió que «la insistente negativa al diálogo» por parte del presidente de Guyana, Irfaan Ali, «amenaza con una peligrosa escalada a un conflicto de grandes dimensiones».
Por ello, exhortó al Ejecutivo guyanés a desistir de «acciones unilaterales y subordinadas» y, en cambio, asumir «con seriedad» negociaciones que permitan un acuerdo «práctico y mutuamente aceptable» en la disputa por el territorio de casi 160.000 kilómetros al oeste del río Esequibo que Venezuela se disputa Guyana.
Este 23 de octubre, el ente electoral venezolano anunció las cinco preguntas que responderán los ciudadanos en el referendo consultivo promovido por la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), entre las que se encuentra la posibilidad de crear un estado para anexionarse la Guayana Esequiba.
Además, se consultará si los venezolanos rechazan «la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899», en la que Guyana sustenta su reclamo y se buscará legitimar la defensa del Acuerdo de Ginebra, que es el mecanismo que valida Venezuela para resolver la disputa.
Venezuela defiende que es el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, el que rige el conflicto, al contemplar que las partes deben resolver de forma satisfactoria, práctica y amistosa la controversia territorial, y rechaza la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró este año competente para resolver la disputa.
