Al menos 46 inmigrantes venezolanos han vuelto a entrar de forma irregular a Trinidad y Tobago tras ser expulsados del país el mes pasado en una polémica deportación masiva, de la que se pide una investigación.
Sus abogados, Criston J. Williams y Blaine Sobrian, de la firma Quantum Legal, les han aconsejado que se entreguen y han escrito a la comisionada de Policía Erla Harewood-Christopher para informarle sobre las acciones de sus clientes, informaron este sábado los medios trinitenses.
También se enviaron copias de esta carta al Ministerio Público, a la oficina del primer ministro y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El regreso de los 46 sigue al de otro venezolano que volvió a Trinidad y Tobago cinco días después de ser expulsado el 12 de agosto pasado y que logró esta semana ser reasentado en Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los abogados de los 46 inmigrantes venezolanos han vuelto a pedir que se investigue al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, por crímenes contra la humanidad por firmar su orden de deportación.
Los letrados afirman que los inmigrantes fueron obligados a aceptar la deportación bajo amenaza de prisión y que no se les concedió el derecho, como solicitantes de asilo, a impugnar la medida.
Sostienen que «la deportación apresurada fue premeditada para obstruir una investigación policial sobre lo sucedido en el helipuerto», que funciona como centro de detención.
Los abogados pidieron a Harewood-Christopher que «ordene, coordine y supervise una investigación criminal, de inmediato y sin demora, en el Ministerio de Seguridad Nacional y la División de Inmigración».
Activistas de derechos humanos denunciaron en julio pasado que los venezolanos detenidos recibieron un «trato inhumano» por parte de las autoridades sin acceso a alimentos, agua, ni instalaciones para dormir o asearse.
El grupo formaba parte de los casi 200 migrantes venezolanos detenidos mientras asistían a una fiesta de cumpleaños en un bar del distrito de Saint James el 9 de julio.
Acnur alertó en junio pasado que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y Tobago continuaban siendo vulnerables a los abusos y la explotación, y enfrentan multitud de problemas.
EFE
