El primer paso será acudir a la Corte de Apelaciones, y todavía queda el recurso del TSJ, explicó el abogado Alonso Medina Roa durante el foro «La condena y persecución de la fuerza sindical», efectuado en la UCV. No fueron juzgados por sus jueces naturales y ni siquiera sabían de qué se los acusaba, denunció la abogada Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
El 1 de agosto la jueza Grendy Duque condenó a seis trabajadores y sindicalistas a 16 años de prisión. La sentencia, hasta la fecha, no ha sido publicada, explicó este jueves el abogado Alonso Medina Roa, directivo de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Durante el foro «La condena y persecución de la fuerza sindical», efectuado en la UCV, Medina Roa indicó que el tribunal debe imponer la sentencia y notificar a todas las partes. A partir de ese momento comienza a correr el lapso para ejercer el recurso de apelación, se emplaza al Ministerio Público a contestar la apelación y se remite el expediente a la Corte de Apelaciones.
El abogado indicó que la Corte de Apelaciones puede anular o confirmar la pena. En caso de confirmarla todavía queda el recurso de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, como lo apuntó.
Medina Roa puntualizó que el tribunal de la causa ha tenido varios días sin despacho, por lo que todavía «estamos en el lapso para la publicación» de la sentencia.
Aclaró que el Ministerio Público, en esta fase, no puede retirar la acusación, como lo solicitaron dirigentes sindicales de la Central ASI.
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición, recordó que en la audiencia de presentación fue evidente que no había elementos para detenerlos. El juez que dio inicio al proceso hoy está en la cárcel, refirió.
Entre otras irregularidades ocurridas durante el proceso Acosta narró que las órdenes de detención se elaboraron después de que fuesen aprehendidos.
Señaló que los seis sindicalistas no fueron juzgados por sus jueces naturales, sino por tribunales con competencia en terrorismo que son ilegales y van contra la Constitución.
Acosta afirmó que los seis trabajadores no sabían por qué los detuvieron, y mucho menos, por qué los juzgaron.
Durante el juicio el Ministerio Público no pudo probar la relación de los seis trabajadores con supuestos actos de conspiración, confirmó.
El dirigente sindical José Patines, del sindicato de trabajadores de la Cancillería, relató que Emilio Negrín, uno de los condenados a 16 años, acudió voluntariamente a la PNB para declarar y lo dejaron preso.
La dirigente Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi, expuso la situación del profesor Robert Franco, que va a cumplir tres años preso en un juicio que no avanza. «No consiguen pruebas» y en realidad «montan una tramoya».
Los familiares narraron su calvario y pidieron que los presos no sean olvidades.
